La Consejería de Agricultura y Ganadería y los representantes de «todo el sector del ibérico» (productores e industria de transformación) en la Comunidad firmaron ayer el documento conjunto de alegaciones al borrador de modificación de la norma del ibérico elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que entre otras cuestiones rechaza las categorías planteadas de ibérico puro de bellota, ibérico extensivo e ibérico de cebo intensivo porque suponen la eliminación de la denominación de ibérico de bellota, que se integraría en la segunda, lo que supondría «un gran perjuicio para Castilla y León», cuantificado en cien millones.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, recalcó que este cambio afectaría al 14 por ciento de los jamones, el 16 por ciento de las paletas y el 20 por ciento de los lomos, y que además esas nuevas denominaciones no conseguirían «lo que pretendía el Ministerio», que era lograr más pureza de la raza y ofrecer más información a los consumidores porque «desaparecen las categorías que conocían» y se sustituyen por «algo que desconocen», el sistema de manejo del ganado.
En su lugar, desde Castilla y León se propone que las denominaciones de venta que se utilicen sean ibérico de bellota, ibérico de campo e ibérico de cebo, similares a las actuales y que conservan la categoría más comercializada el año pasado, el ibérico de cebo, con el 82 por ciento. Además, recordó que sólo el 1,29 por ciento de los jamones que se comercializaron el año pasado en España eran de ibérico puro de bellota (el 4,29 por ciento producido en Castilla y León, el 13,8 por ciento en Extremadura y el 81,8 en Andalucía).
Asociaciones
Clemente explicó que en las alegaciones la Comunidad también reclama que pueda haber más asociaciones que gestionen los libros genealógicos en lugar de la única que propone el Ministerio para que el sistema sea «lo suficientemente ágil» y que se elimine el apartado que posibilita utilizar en el ibérico puro otro tipo de alimentación cuando no haya bellotas porque, según indicó la consejera, «es ilógico que se blinde tanto una categoría y luego se le autorice dar a los animales otra comida».
También señaló que se pide un aumento de los tiempos mínimos de elaboración para los jamones y paletas porque el sector regional cree que los del borrador «no son correctos». Así, plantean que para los jamones de menos de 9,7 kilos el tiempo mínimo sea de 640 días y para los de peso supeerior, de 730 días; mientras que las paletas serían 365 días. Por último, las alegaciones solicitan que se establezca «un periodo de transición con plazos razonables» para que el sector pueda adaptarse a los cambios, fijado en diez años.
«Creemos que es un documento constructivo», declaró Clemente, quien aseguró que el Ministerio debe tener en cuenta las alegaciones porque aglutinan a todo el sector y por la relevancia del ibérico regional, ya que en Castilla y León se encuentra el 35 por ciento del porcino de España, con casi un millón de cabezas. Las más de 350 industrias regionales comercializan casi dos millones de jamones de los cinco que se venden. Además, reiteró la importancia del sector para la economía regional, ya que factura 600 millones al año y cuenta con 8.000 empleos.
Unidad
En nombre del colectivo de industrias elaboradoras de ibérico (Iberaice) y de los productores (Ibercyl), Carlos Díaz y Nicolás Llorente, respectivamente, incidieron en que el conjunto del sector regional ha consensuado una propuesta conjunta que beneficia a todos y agradecieron la labor de mediación realizada por la Junta.
Díaz insistió en que el planteamiento castellano y leonés «debería ser el ejemplo a seguir» a la hora de modificar la norma porque «integra a todos los productos», y que se ha hecho «un ejercicio serio, cabal y profesional» para llegar a un planteamiento común pese a tener «intereses dispares».
