La guerra del copago farmacéutico se recrudece. Así, el País Vasco dejó ayer sin aplicar la norma que, en solo cuatro días, tendrá efecto en todo el territorio nacional. Y es que este desafío puede alentar a otras comunidades a seguir sus pasos, como parece que harán Andalucía, que ultima un recurso ante el Tribunal Constitucional para torpedear las iniciativas que el Gobierno del PP, y los catalanes, que no comparten la tesis de Moncloa.
En la región norteña, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público «para todas las personas que residan en Euskadi».
El consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, resaltó que el objetivo de esta propuesta legal es, por un lado, garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público para todas las personas residentes en Euskadi; y por otro, mantener en los niveles actuales las aportaciones de las personas en el pago de medicamentos. Además, se incorpora a la exención de pago a diversos colectivos como personas en paro sin derecho a prestación y aquellas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El decreto, que previsiblemente entrará en vigor el próximo viernes, tiene como principales objetivos «garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas por no tener la condición de asegurados o beneficiarios tal y como se dispone el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 del Ministerio de Sanidad.
Bengoa explicó que la iniciativa de los socialistas se basa en la autonomía de Euskadi, que reside en dos normas (un decreto de 1988 y una ley) que incluían los derechos de universalización y de cobertura en todo el País Vasco. «Tenemos nuestra propia normativa local para justificar todo lo que contiene nuestro decreto», defendió.
Mientras, desde la Generalitat de Cataluña se admitió que habilitarán un «mecanismo provisional» para evitar que se deban pagar por adelantado los medicamentos, porque no estará listo el sistema informático que permitirá cumplir con las diferentes tasas en función de la renta y la condición de los usuarios.
Por su parte, la Junta de Andalucía enviará el recurso al Constitucinal. La comunidad sureña tiene a muchos de sus técnicos, en prácticamente todas las consejerías -incluso en Vivienda-, buscando argumentos legales para echar abajo las impopulares reformas que vienen desde La Moncloa.
Por otra parte, las aproximadamente 200.000 personas que en España no están pagando por sus medicinas porque usan fraudulentamente la tarjeta de un pensionista para adquirirlos gratis en las oficinas de farmacia, podrían ser sancionados por las comunidades en las que residen, según explicó ayer el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.
