Poco por no decir nada. El margen que el Gobierno central va a dar a las comunidades autónomas para que hagan bien sus deberes va a ser inexistente este año, según se desprende del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer. Así, las comunidades tendrán que reducir su déficit desde el 1,5 por ciento de 2012 al 0,7 por ciento en 2013 y al 0,1 en 2014.
Las cifras planteadas por el Ejecutivo salieron adelante con 12 votos a favor y a pesar de que dos comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron (Extremadura y Castilla y León), mientras que Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía mostraron su oposición.
Los nuevos objetivos suponen una relajación respecto a las que había incluido Rajoy en el Programa de Estabilidad que elaboró al llegar al poder. En dicho plan, su Gabinete había fijado un déficit del 1,5 por ciento a las comunidades al cierre del presente ejercicio, del 0,5 por ciento el año que viene y del 0,3 para 2014.
Tras el año extra que ha conseguido España para reducir el déficit público, en contra de lo que se pedía desde la oposición y de lo que vaticinaban algunos expertos, el Gobierno decidió mantener el objetivo de las comunidades para este año en el 1,5 por ciento, aunque les dio un poco más de margen para los dos próximos años. Sin embargo, si se comparan las nuevas cifras con las últimas que aprobó el CPFF (correspondientes al anterior Ejecutivo y a 2011), las comunidades tendrán que hacer más esfuerzos que los que les planteó Zapatero, que fijó un déficit autonómico del 1,1 por ciento para 2013 y del 1 en 2014.
Tras la reunión, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, consideró «ambiciosos» los objetivos fijados, al tiempo que aseguró que sirven para mandar un mensaje «claro y contundente» de que la reducción del déficit es una «prioridad absoluta».
Ese optimismo no fue compartido por las comunidades no controladas por el grupo conservador. Y es que catalanes, vascos, canarios y andaluces recriminaron al Gobierno el hecho de que, mientras Bruselas había aceptado flexibilizar el objetivo de déficit para España del 5,3 al 6,3 por ciento, el margen solo se le aplique al Estado y no a las autonomías. Asimismo, los representantes de Mas y Griñán denunciaron el tono autoritario del político popular durante el Consejo.
Así lo manifestó el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas Colell, quien criticó que, con este tipo de medidas, el Estado trata a las comunidades como a «súbditos», llegando a afirmar que quizás no merezca la pena acudir a estas reuniones, ya que no se tienen en cuenta sus opiniones.
Mientras, el Gobierno creará hoy un fondo para financiar los vencimientos de las autonomías y concretará así el mecanismo en el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones. Eso sí, como puntualizó Montoro, no se acogerán al mismo todas ellas. De todos modos, posiblemente, el Consejo de Ministros despejará las dudas.
Esta fórmula atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera «excepcional» y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario. El político andaluz sostuvo que la garantía del Estado se ofrecerá, aunque advirtió de que, en ningún caso, servirá para «mutualizar el riesgo de las comunidades». «Sigue correspondiendo a ellas», apostilló.
El ministro no quiso cuantificar la cantidad de la que dispondrá el fondo, que «será diverso y flexible», si bien avanzó que los vencimientos de las autonomías «no son realmente grandes».
Preguntado por si esta medida elimina directamente la posibilidad de que el Gobierno emita hispanobonos, Montoro se limitó a decir que esta figura «nunca ha estado presente».
Lo que sí que parece estar sobre la mesa es las enormes dudas que suscitan algunas regiones sobre si harán o no sus deberes. Así, el ministro de Hacienda lanzó advertencias a sus destinatarios, cuyos nombres no quiso desvelar, aunque éstas tienen claro que, de este modo, se inicia el mecanismo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo último paso es la intervención.
A raíz de la alerta, el Gobierno mantendrá reuniones bilaterales en un plazo de siete días con estas regiones para analizar las medidas que han puesto en marcha, así como la corrección de las mismas para garantizar que reducen el déficit al 1,5 por ciento este año.
Mientras, el líder del PNV, Íñigo Urkullu, recordó viejos tiempo e indicó que «alzarán la voz» contra «un café para todos», una expresión que acuñó Zapatero en los tiempos de bonanza.
