El Gobierno central deberá abonar a Castilla y León unos 360 millones de euros correspondientes a la liquidación del año 2010 del sistema de financiación autonómica, que resultó positiva para la Comunidad, según confirmó ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. De ellos, la mitad –unos 180 millones- llegarán a Castilla y León en las próximas semanas después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordara el pasado martes adelantar el pago de la mitad de esta ‘deuda’. De este modo, antes los pagos de la liquidación del sistema de financiación autonómica se efectuaban en el mes de julio, mientras que ahora las comunidades podrán solicitar el adelanto de la mitad de esa cantidad para que se produzca en los primeros meses del año. En ese sentido, Del Olmo confirmó que la Junta de Castilla y León ya ha solicitado ese adelanto.
De este modo, el 2010 se rompe con la práctica de los dos años anteriores en la que el Gobierno había previsto unos ingresos que se quedaron muy por encima de la recaudación real y transfería a las comunidades autónomas, en los sucesivos anticipos anuales, una cantidad superior a la que finalmente llegaba a las arcas públicas. El resultado de esta práctica es que, cuando se cerraba la contabilidad anual, las regiones habían adquirido una deuda con el Ejecutivo que en el caso de Castilla y León suma más de 1.800 millones de euros en los dos años con liquidación negativa y que deberá devolver en los próximos diez años. Del Olmo aseguró que se trata de un dinero con el que contaban y que se incluirá en los presupuestos que prepara su departamento y que tiene previsto aprobar en marzo.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, también se refirió ayer a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera destacando que lo «más trascendente» de la reunión del martes es que «acredita» y «se constata» que el país cuenta con un Gobierno que ha venido a «exigir», pero también «ayudar» a las comunidades. Frente a ello, dijo que en otros tiempos se hacían «trampas» para «transferir déficit» a las autonomías. El jefe del Ejecutivo autonómico criticó también que se hubiera utilizado «arteramente» y «deslealmente» el sistema de financiación para otros fines. Por ello, pidió explicaciones sobre que no se hubiera reunido en siete meses el Consejo de Política Fiscal con las tensiones de tesorería que sufren las comunidades y con la «que estaba cayendo».
Por su parte, el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, señaló que las nuevas medidas acordadas por el Consejo de Política Fiscal que obligan a las comunidades a hacer más recortes o a eliminar organismos públicos «hacen que llueva sobre mojado y que no se reactive la economía». En su opinión, estas decisiones «son erróneas y van en la misma línea de lo que ya se ha denunciado». Prieto sostuvo que Castilla y León «no va a crecer», precisando que el límite de déficit para 2011 no se va a poder cumplir.
