Último jueves: un periodista pregunta al consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno sobre las aportaciones de la Comunidad en materia de igualdad de género coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. José Antonio de Santiago-Juárez enumera un repertorio de políticas y cita, entre otros argumentos, el informe anual del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Bien, pero, ¿qué dice tal documento?
El órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España en temas relacionados con la asesoría fiscal destaca de manera especial la ventaja comparativa de Castilla y León en deducciones en el IRPF respecto al resto de autonomías.
En concreto, el análisis sobre el «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2012» recoge el resultado de un supuesto de tributación por el Impuesto sobre la Renta de una familia con dos hijos, donde la Comunidad resulta la más atractiva fiscalmente, con gran diferencia respecto a las demás, en una horquilla de ahorro que oscila entre los 2.400 euros menos de tributación que los valencianos y los 3.450 euros de euros menos que los extremeños.
Los expertos del REAF desarrollan su estudio comparativo en base a supuestos concretos y, para el citado ejemplo, han considerado una familia de dos cónyuges, con hijos de 4 años y 8 meses, rendimientos del trabajo de 20.000 euros al año el marido y de 22.000 euros la esposa, y con una vivienda en propiedad que les cuesta 6.000 euros anuales de hipoteca.
Considerando este esquema familiar, el principal motivo de la sustancial diferencia impositiva entre Castilla y León y el resto de España se encuentra en la deducción por los gastos de guardería, que alcanza los 1.100 euros por cada cónyuge en la Comunidad frente a los 165 euros por cada miembro del matrimonio en Canarias y Murcia, que son las dos regiones que le siguen en el ranking de este beneficio fiscal.
En pleno debate social sobre el incremento de la presión tributaria para la financiación del coste de los servicios esenciales, que en Castilla y León se ha traducido en la aplicación del recargo sobre los combustibles y la implantación por primera vez de impuestos propios con varias figuras de gravamen medioambiental a las compañías eléctricas, el Gobierno autonómico mantiene firme hasta la fecha su apuesta por una serie de ventajas fiscales especialmente orientadas a las familias. Mientras el PSOE se ha mostrado partidario de recuperar, por ejemplo, el Impuesto sobre Sucesiones, la Consejería de Hacienda mantiene su eliminación para herencias entre familiares en línea directa.
Un hecho diferencial que también subraya el informe de los asesores fiscales, que además recoge el resultado de un supuesto de tributación donde se comprueba que Castilla y León se encuentra en el grupo de las seis comunidades autónomas donde el pago por este impuesto tiene un carácter meramente «simbólico», con menos de 50 euros en total.
