El Ministerio de Agricultura cerrará durante en abril su propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común para su presentación y debate ante las instancias comunitarias. Desde los actuales responsables de la Administración central se insiste en que el anterior equipo de Atocha no elaboró ninguna propuesta, por lo que en este momento ha tenido que comenzar de cero. Se trata de una verdad a medias. El pasado octubre, ese departamento, comunidades autónomas, organizaciones agrarias y las Cooperativas Agroalimentarias suscribieron un documento de mínimos donde se abordaba de forma muy general la propuesta de reforma para concluir con su rechazo a la misma.
Según el calendario, se acaba de celebrar una reunión con directores generales de las regiones para analizar el contenido de la propuesta. Después de Semana Santa sería la reunión con los responsables agrícolas de cada Gobierno autonómico para la elaboración de un texto donde se contemple la posición española en cada uno de los puntos más importantes de la misma. En el caso de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, el ministro les ha sido igualmente claros al reclamar que, más que discursos generales y valoración la reforma, se hagan propuestas concretas a su articulado.
En relación con la propuesta comunitaria de la reforma de la PAC, éstas serían algunas de las posiciones más importantes.
POLÍTICA DE VERDEO. Es lo que se ha venido a denominar el greening. Bruselas plantea que el cumplimiento de la misma conlleve el 30% de toda la asignación nacional para un país. Para su cobro es preciso que esa explotación destine un 7% a set aside, abandono, y que en la superficie restante se pongan tres cultivos, el mayor con el 70% y que los dos restantes superen el 5%.
Para la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, se trata de una exigencia de excesiva que además resulta imposible de aplicar en una buena parte de las explotaciones patrias. De entrada, se rechaza que su cumplimiento esté ligado a recibir hasta el 30% del sobre nacional en cuanto ello supondría quitar muchos recursos de ese fondo estatal, lo que contribuiría a ir hacia una cantidad más fija fuera cual fuera el destino de cada superficie. Agricultura rechaza que se deba abandonar hasta un 7% de la superficie en un momento cuando hay necesidad de una mayor demanda alimentaria, y es lo que se va a defender en Bruselas. España considera, además, que los agricultores y ganaderos ya están cumpliendo con una serie de exigencias en materia medioambiental que debería ser suficientes para el cobro de un porcentaje fijo de las ayudas.
La política de verdeo parece, sin embargo, una exigencia de la propuesta de reforma y su eliminación total se ve imposible en cuanto para el comisario la misma es una exigencia para dar respuesta a la demandas de los ciudadanos que asumirían el pago de ayudas directas al sector por su papel en el mantenimiento del medio rural y el medio ambiente.
RECURSOS FINANCIEROS. Ha sido un viejo tema para el debate. Desde la Administración anterior, la propuesta de mantener los pagos hasta 2020 en los mismos niveles de 2013 se veía, no como la salida ideal, pero suficiente para el actual momento de crisis en el conjunto de la UE. Así lo defendió el entonces secretario de Estado, Joseph Puxeu, en medio de las críticas de todo el sector agrario y de la oposición. Hoy, desde el Gobierno, los populares se darían por satisfechos si Bruselas mantuviera la propuesta de ficha financiera en cuanto, en un momento de crisis, supone asegurar que hasta 2020 se van a seguir cobrando, en el caso de España, los casi 5.500 millones en ayudas directas, aunque se vean recortadas por el impacto del IPC.
SOBRE. El sobre o la asignación al territorio tendrá carácter nacional y no se dividirá al mismo por comunidades autónomas para que cada una lo administre según sus criterios.
EQUILIBRIO. Uno de los puntos claves de la propuesta es la decisión comunitaria de sustituir los pagos actuales en base a unos derechos de producción históricos, por otros basado en la superficie, nunca por un pago uniforme para todas las hectáreas. Desde Agricultura se estima que pasar de un sistema a otro puede producir cambios en los pagos. Pero, el objetivo oficial es que no haya fuertes variaciones en relación con los pagos actuales y que se mantenga, aunque sea con ajustes, una situación de equilibrio.
HECTÁREAS. España tiene hoy oficialmente 21 millones de hectáreas elegibles frente a 17 millones de derechos de pago. Extraoficialmente, esa superficie podría ascender hasta 38 millones de hectáreas. Va a ser uno de los grandes debates con las organizaciones agrarias. Definir qué es una superficie elegible para que solamente se asignen pagos a tierras efectivamente destinadas a la actividad agraria. A más hectáreas elegibles, menos fondos por cada una.
GANADERÍAS. Al asignarse pagos en el futuro por superficie, se plantea un problema en el caso de miles de explotaciones ganaderas, por ejemplo el ovino, que pasta en tierras, pero que no son propiedad de sus dueños. Agricultura pide salidas para las cabañas ganaderas y que se pueda mantener la ayuda actual.
MERCADOS. Agricultura defiende la necesidad de disponer de mecanismos ágiles para una mejor y mayor regulación de los mercados y evitar situaciones de crisis de precios.
ACTIVOS. No existe una posición oficial decidida sobre quiénes se deben considerar como prioritarios a efectos del cobro de las ayudas.
ACUERDOS CON TERCEROS. Sí a los acuerdos pero con una competencia equitativa para evitar desajustes a la producción agraria comunitaria.
