El sector agrario no cerró con mal pie 2013, tanto desde la perspectiva de las producciones y los mercados, como desde la política Agraria en su conjunto. Durante el pasado año, se cerraron negociaciones tan importantes como la nueva PAC, que estará en vigor hasta 2020, así como las disposiciones básicas para el desarrollo agrario. Se han marcado algunas líneas claves, no todas, pero, en 2014, será fundamental su aplicación sobre el terreno.
Una de las primeras pruebas que, probablemente, deberá superar Agricultura este año será el relevo del titular en el departamento. El sector agrario tiene todas las cartas de la baraja para presenciar un cambio en su cúpula. Aún sin clarificar el nuevo puesto de Miguel Arias Cañete, presumiblemente será en Bruselas, la realidad es que, lo que parece seguro, es su salida de Atocha, cuando se cumple poco más de media legislatura, donde ha desarrollado un buen trabajo para el sector agrario. No es fácil sustituir a un ministro como Arias Cañete, tanto por su conocimiento del sector como por sus contactos y peso en Bruselas. El popular ha roto eso de que segundas partes nunca fueron buenas. Se puede decir que con este ministro se han negociado los aspectos más fundamentales para los próximos años.
Al nuevo titular corresponde su aplicación y sobre todo, buscar nuevos horizontes en política agraria. Sería deseable que el trabajo realizado no se desandara con el nombramiento de una persona simplemente por cuestiones de cuotas o de equilibrio entre las fuerzas internas del partido. Hay mimbres en la propia casa para desempeñar el puesto con todo el equipo y sería un error tirar por la borda ese potencial, como hiciera en su día Zapateo con este departamento durante dos legislaturas.
A la vuelta de la esquina, para finales de este mes, Agricultura y las comunidades autónomas deberán cerrar un acuerdo para la aplicación sobre el terreno de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) poniendo letra a cuestiones tan importantes como el montante y la distribución de los pagos acoplados a una serie de producciones agrícolas y ganaderas, la división del país en regiones agronómicas, la convergencia de las ayudas y la definición de quién es el agricultor activo como sujeto prioritario de los pagos.
La filosofía de Atocha es que el cambio de sistema, de pagos por derechos históricos a la asignación de los derechos por superficie, no suponga un vuelco en la distribución de las ayudas, lo cual puede suponer continuidad en su distribución, algo bueno porque da estabilidad a unos, pero malo para quienes estaban y van a seguir estando fuera del sistema.
La reforma de la PAC supone mantener los actuales niveles de subvenciones y eso significa, en el conjunto de la renta agraria, una media entre el 27% y el 29%, aunque para algunas producciones ese porcentaje es muy superior. A partir de haber asegurado esas ayudas, corresponde el trabajo de diseñar con el sector una política agraria que asegure la competitividad y la viabilidad de las explotaciones, jugando en los mercados como si no hubiera esa ayuda.
Aún a falta de todas las disposiciones que deberán complementar la misma, ha entrado en vigor la nueva Ley de la cadena alimentaria que debería ser un instrumento clave para lograr la transparencia de los procesos de comercialización de los productos agrarios desde el campo al consumidor pasando por la industria.
Hasta la fecha, en esa cadena ha existido un poder dominante en manos de la gran distribución. Era indispensable lograr un mayor equilibrio en los muchos intereses en juego que existen en ese sistema para no acabar rompiendo la misma por la parte más débil. Habrá que ver su funcionamiento para que se hagan contratos y que los mismos se cumplan sin posiciones abusivas de dominio. Lo de la eliminación de la venta a pérdidas ya es algo que se podía y debía hacer con las normas ya existentes.
En los próximos meses se deberá desarrollar también la aplicación de la Ley para la integración cooperativa con la que se pretende ir a entidades más grandes en cada sector y, sobre todo, avanzar en el desarrollo de las cooperativas prioritarias con presencia en varias comunidades autónomas. Para acceder a la condición de cooperativa prioritaria, Agricultura ha establecido unos techos muy exigentes en materia de facturación y actividad. El sector no rechaza esos topes, pero reclama que se exijan de forma progresiva, no de golpe.
En 2014 es fundamental, asimismo, seguir avanzando en la potenciación de las organizaciones de productores como instrumento para operar el sector agrario en la ordenación y la regulación de los mercados. Agricultura debe poner sobre la mesa sus ofertas para aplicar los programas de investigación y desarrollo al hilo de las ayudas comunitarias dispuestas al efecto. Este año será escenario de importantes negociaciones comerciales entre la UE y diferentes bloques de terceros países, o solamente con EEUU, donde es fundamental mantener una posición de preferencia comunitaria en defensa de las producciones propias y evitar amenazas para la supervivencia de las explotaciones.
Finalmente, 2014 verá unas elecciones generales en el sector agrario para medir la representatividad de las organizaciones agrarias en base a un proyecto de ley que debe ser debatido y mejorado en el Parlamento.
