El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido defendió ayer ante el Tribunal Supremo que los policías y guardias civiles enviados en un principio como “auxilio” de la policía catalana actuaron de forma “proporcional” durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O, tras comprobarse a primera hora que muchos centros de votación no se habían cerrado y que no se habían desplegado agentes ‘antidisturbios’ de los Mossos d‘Esquadra para cumplir con el mandato judicial de impedir la votación.
Durante su declaración como testigo en el juicio a los líderes del ‘procés’, Zoido se refirió a los incidentes en la Consejería de Economía del 20 de septiembre como ejemplo de la “obstaculización en los registros” de grupos afines al independentismo, como ocurrió antes cuando se intervinieron papeletas y material electoral, lo que le llevó el día 22 a informar al entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, de que enviarían refuerzos de la Policía y la Guardia Civil.
Durante el 1-O recordó que hubo “auténticos escudos humanos” para impedir que se requisara el material del referéndum. A preguntas de Vox reconoció que, tras aquel día, recibió informes que culpaban a “estructuras” organizadas afines al independentismo de montar lo que ha calificado como “resistencia activa organizada”.
El abogado de la acusación le preguntó por quién lideraba esa estructura, pero el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, impidió la respuesta al entenderla impertinente.
En su intervención, el exministro del PP se remitió a los operativos policiales reunidos durante el 1-O en la Delegación del Gobierno, donde estaba el secretario de Estado, José Antonio Nieto, y el coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo y alto cargo del Ministerio, además del comisario de los Mossos Ferran López y los jefes en Cataluña de Policía y Guardia Civil.
Fueron los jefes policiales de cada cuerpo policial quienes decidieron el plan de actuación, según Zoido. El exministro dijo que no tuvo conocimiento exacto del dispositivo —“ningún ministro diseña dispositivos de seguridad”— y reveló que se mantuvo la confianza en que los Mossos cumplirían con la orden de impedir el 1-O porque así lo transmitía el coronel Diego Pérez de los Cobos.
“Había dudas”, reconoció Zoido. “Pero Pérez de los Cobos decía que al final cumplirían. Y aunque Trapero no, confiaba en que los Mossos respondieran”, comentó. “Parece que el señor Trapero no era muy colaborador, no le gustaba estar coordinado por el señor Pérez de los Cobos y planteaba algunas reticencias, parece ser”, enfatizó.
Informaciones
El exministro dijo que fue informado por sus subordinados aunque no dio órdenes directas y reconoció que la resolución de la jueza del TSJ Mercedes Armas del 27 de septiembre de 2017 era “más genérica” que la de Fiscalía a la hora de distribuir las competencias entre la policía catalana, Guardia Civil y Policía Nacional.
La abogada del Estado le preguntó por la referencia que hacía la jueza Armas a preservar la normal convivencia. “La no normal convivencia ciudadana era la de las personas coordinadas para impedir la obligación legal de las Fuerzas de Seguridad del Estado”, respondió.
“No debe culparse a la Policía Nacional y la Guardia Civil, deben asumir responsabilidades todos aquellos que alentaron un referéndum prohibido y que había sido declarado ilegal”, explicó. Zoido recordó que durante el mes de septiembre ya hubo diferentes actuaciones para intervenir en calidad de Policía Judicial material del referéndum y que el TSJ retiró su confianza en los Mossos para que estos protegieron las sedes judiciales. Según él, la confianza se quebró “a medida que se acercaba” el 1-O, sobre todo porque los dirigentes de la Generalitat se negaron a desconvocar el referéndum.
