La de ayer fue una jornada confusa en lo que se refiere al asunto más debatido últimamente por los cibernautas españoles: la posibilidad de que el Gobierno corte el acceso a las páginas web que distribuyan de manera ilegal contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.
Por la mañana, los blogueros e internautas que asistieron a la reunión con la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde, impulsora de la medida, salieron «decepcionados», en sus propias palabras, dado que la ministra se mantuvo en sus trece por más que insistiera en que deseaba escuchar todas las opiniones. Sin embargo, solo unas horas después, por la tarde, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, sembraba la confusión al asegurar que «no se va a cerrar ninguna página web», una afirmación tajante que no se corresponde con el texto legal que prepara el Gabinete.
Tampoco arrojó demasiada luz sobre el asunto el responsable de Justicia, Francisco Caamaño, que sostuvo que el cerrojazo deberá contar en todo caso con permiso judicial, una nueva contradicción con los planes de Cultura, que pretende crear un órgano especial
-«policía de internet» lo ha llamado el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons- que decidiría si procede bloquear una web sin contar con la intervención de un juez, como es preceptivo hasta ahora, por entenderse que el derecho a la información está por encima del que protege la propiedad intelectual.
Pese a la marea -y al mareo-, González-Sinde, mantiene que su departamento sigue abierto a «mejorar» y «escuchar» las opiniones respecto a las medidas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, entre ellas, crear el órgano administrativo que decidirá qué medidas adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en el ciberespacio.
Tras la cita con Sinde, el ex director del diario Público y autor del blog Escolar.net, Ignacio Escolar, explicó a los periodistas, tras una reunión que calificó de «un poco tensa», que salía del encuentro «más preocupado de lo que venía». A su juicio, las nuevas medidas permitirán cerrar páginas no solo en España, sino de aquellas albergadas en servidores de otros países, ordenando a los proveedores de acceso al ciberespacio «que corten la entrada a dicho site».
«Si se pone en marcha esa Comisión, el internet que veremos en España no será el mismo que en Francia o Estados Unidos. Me parece peligrosísimo, es algo que hacen China o Cuba, no los países democráticos», arguyó. «Se me ha llamado a dialogar para no dialogar», denunció por su parte Enrique Dans, profesor de Tecnología, al tiempo que tachó de «antidemocrática y equivalente a la Ley Corcuera» la disposición, que relega a los jueces a un papel secundario.
A lo largo de la jornada, se fueron creando o aumentando grupos contra la ministra en las redes sociales. En Facebook, el colectivo más ocurrente -y numeroso, con 34.904 miembros- fue el de Pírate -juego de palabras-. Un cibernauta que debía aburrirse mucho llegó a averiguar que sus iniciales casi coinciden con las de la SGAE pero al revés. De los 14 grupos formados sobre este tema, solo uno, con 20 miembros, la apoyaba. Otros cuatro la criticaban por crucificar con una X porno a Saw 6, un filme gore que no se ha podido estrenar aún.
