Apenas 40 familias, bien organizadas, con un hábil manejo de sus protestas y respaldadas por el poder amplificador de los medios, han sido capaces de desbloquear en pocas jornadas un secuestro, el del pesquero vasco Alakrana, que amenazaba con eternizarse en negociaciones estériles. Tras más de un mes sin avances que permitieran augurar el final de un cautiverio que se prolonga ya 40 días, han bastado las persistentes quejas de los allegados para que el Gobierno, siempre presto a evitar toda muestra de disgusto que amenace su credibilidad, tomara cartas en el asunto y, a través de su propio presidente, José Luis González Zapatero, diera ayer la situación por «encauzada». La intervención del líder del Ejecutivo ha sido suficiente para que el hasta ahora jurídicamente imposible regreso de los dos piratas encarcelados en Madrid, principal condición de los corsarios somalíes para liberar a los 36 marineros, esté prácticamente resuelto.
Así se encargó de manifestarlo el omnipresente juez Baltasar Garzón, quien, rizando el rizo y levantando nuevas sospechas de su excesiva proximidad al poder, comentó que existen «medidas legales» que permitirán llegar a una solución, «compatibilizando los principios de la protección de las víctimas con la persecución del delito y, en cualquier caso, sin ceder a presión alguna por parte de los piratas».
A la hora de concretar cómo se podrá llevar a cabo el regreso a África de los dos arrestados, el togado detalló que el procedimiento continúa «y puede concluir, bien con la celebración del juicio o con el sobreseimiento, si no hubiera pruebas suficientes».
Similar, e incluso más factible jurídicamente, fue la solución propuesta por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien abogó por una la posible extradición a Somalia de los piratas, que, eso sí, deberá hacerse «con todas las garantías», por más que este país sea un Estado prácticamente inexistente.
También la vicepresidenta De la Vega parecía tenerlo bastante claro y, sin tanto miramiento jurídico, declaró desde Argentina que se busca «la fórmula más adecuada» para liberar a los pescadores.
Por supuesto, a casi nadie se le escapa que, cualquiera que sea la vía jurídica, se tratará de un mero parche que permita hacer efectiva la decisión política del Gabinete de entregar a los delincuentes como única vía de lograr la pronta solución del contencioso.
No obstante, tampoco sería sensato saltarse todas las leyes, por lo que Zapatero reclamó «prudencia» y «comprensión» para la labor del Gobierno, que «está trabajando bien y desde el primer día». «Cualquier pronunciamiento que se haga es escuchado automáticamente por quienes tienen secuestrados a nuestros compatriotas», advirtió antes de insistir en que el Ejecutivo no «ha escatimado esfuerzos» para lograr la liberación.
Por último, también durante una rueda de prensa ofrecida en la ciudad polaca de Sopot conjuntamente con el primer ministro del país centroeuropeo, Donald Tusk, el inquilino de Moncloa, que reiteró que se emplearán todas las vías «políticas, legales, diplomáticas y de inteligencia», mostró su confianza en que se mantenga el apoyo de Mariano Rajo , presidente del principal partido de la oposición, y destacó la enorme importancia de dar «una imagen de país unido».
