Quizá porque faltan solo semanas para las elecciones catalanas, o puede que debido a que dentro de pocos meses llegará la cita local y autonómica, lo cierto es que la vida parlamentaria se parece cada vez más a un mitin. Es así hasta el punto de que, de hacer caso a las dos señorías más eminentes del Congreso, el presidente Zapatero es un gobernante «dictatorial» y Rajoy un político «demagogo», puesto que tal cruce de perlas dialécticas fue el que protagonizaron ayer en el Congreso nada menos que por los propios aludidos, el jefe de la oposición y el del Gobierno, quien un día más prefirió eliminar de la vida pública cualquier atisbo de propuesta y limitó su gestión a una retahíla de insultos.
El tono barriobajero de la sesión de Control al Ejecutivo resultó aún más llamativo si se tiene en cuenta que se produjo en el ámbito de un trascendente debate a cuenta de la decisión del Ejecutivo de vetar la posibilidad de discutir siquiera las enmiendas a los Presupuestos Generales para 2011 presentadas por siete partidos de todos los sectores del arco parlamentario en un último intento por evitar que el año que viene se congelen las pensiones.
«Solo quien se queda sin argumentos es el que impide que se debata y se vote en esta Cámara», espetó el líder del PP al inquilino de Moncloa, quien justo antes había defendido que el recorte de las prestaciones obedece al «sentido de la responsabilidad», ya que, ahora, su prioridad sería «cumplir con los requerimientos para reducir el déficit público y consolidar las cuentas de España».
Tal apelación al susodicho sentido de la responsabilidad no gustó al líder de la oposición, quien lamentó que, con ese pretexto de reducir el déficit se impida a la Cámara Baja «tomar decisiones que afectan a todos». «Es una decisión antidemocrática y dictatorial y propia de un Gobierno autoritario y miedoso», subrayó Rajoy antes de recordar al socialista que el Congreso ya ha pedido una decena de veces al Ejecutivo que no cuadre las cuentas a costa del poder adquisitivo de los pensionistas.
Por supuesto, faltaría más, el jefe del Ejecutivo no aceptó que el PP le diese lecciones en el ámbito social. «La sensibilidad se demuestra con los hechos y, en seis años, nosotros hemos incrementado las pensiones ocho veces más que en ocho años de gobierno del Partido Popular», subrayó Zapatero previamente a acusar a su rival de «hacer trampas» cuando argumenta que el Gabinete ha vetado el debate y la votación sobre la congelación y recordó que el Real Decreto de Medidas Urgentes para reducir el déficit, que incluía el tijeretazo a los jubilados, fue debatido, votado y convalidado en el Congreso antes de verano.
Ya lanzado por la cuesta abajo del autobombo, el presidente del Gobierno concluyó con la proclama de que «la renta per cápita de los españoles está por encima de la media de la UE y que con Gobiernos socialistas se han incrementado las pensiones, los gastos en Sanidad y becas y se ha aprobado la Ley de la Dependencia».
Tal visión contrasta diametralmente con la que aportó Mariano Rajoy, quien solo otorgó a Zapatero el dudoso honor de haberse convertido en el presidente que ostenta el récord de paro, el que ha ordenado el mayor recorte social de la democracia y quien ha liquidado de forma unilateral el Pacto de Toledo sobre las pensiones.
segundo asalto. Por si el estéril enfrentamiento de los primeros espadas no hubiera bastado, el debate continuó de inmediato en términos muy similares con la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, como protagonistas.
La también vicepresidenta seguda argumentó que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que recurrir a la congelación debido a que los populares «han realizado el mayor ejercicio de irresponsabilidad de un partido de la oposición en un período de crisis» ya que, alegó, proponen medidas para reducir el déficit que disminuyen los ingresos y aumentan los gastos, con lo que lo único que consiguen es incrementar el déficit.
La respuesta de la conservadora consistió en reiterar que las cuentas para 2011 solo traerán «más paro, más recortes sociales y más impuestos» a un país en el que ya hay más de cuatro millones de desempleados.
