El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la reiterada negación de la existencia de una crisis que ya se ha cobrado cuatro millones de parados le permitió ganar las últimas elecciones generales, sigue aferrado a tan productiva táctica de soslayar la evidencia y, en contra de las advertencias de todos los expertos y organismos internacionales -ayer mismo la agencia Standard & Poors rebajó la calificación de la deuda española-, trató, un día más, de convencer a los ciudadanos de que todo está ya solucionado.
A juicio del socialista, que no aportó más dato que sus impresiones personales -sin duda tan válidas como lo fueron cuando renegó del advenimiento de las penurias- «existen datos para pensar que la recesión empieza a quedarse atrás».
Tales palabras no fueron robadas al inquilino de Moncloa durante una partida de naipes en la intimidad, sino que las pronunció con total solemnidad durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso y de manera simultánea con el desplome de la Bolsa y el nuevo aumento del coste de la deuda emitida por España, en cuya solvencia ya solo parece creer el dirigente del PSOE.
A la hora de enfrentarse con los datos, Zapatero prefirió, como suele, plantear una esperanzadora realidad alternativa y, ante la alarma desatada por las filtraciones de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que confirman que la tasa de paro del primer trimestre superará el 20 por ciento, el socialista explicó que tan desoladora cifra «será la más alta» y empezará a bajar a partir del segundo cuarto del año.
Sin dedicarle demasiado tiempo a esa minucia del desempleo, Zapatero recuperó enseguida la sonrisa para apuntar que es «posible» que la economía haya crecido ya entre enero y marzo.
Tales planteamientos provocaron un sonoro enfrentamiento con el líder del PP, Mariano Rajoy, quien acusó al presidente del Gobierno de «mentir» y al que reprochó que su credibilidad es ya completamente inexistente. El líder de la oposición insistió en que, cuando el socialista presumió minutos antes del aumento de los ingresos públicos, estaba engañando a los españoles, puesto que tal espejismo contable se debe solo «al ajuste de las devoluciones del IRPF». Esta dispar interpretación de las cifras -excelentes para Zapatero y «catastróficas» según Rajoy- se llevó buena parte del cara a cara entre los dos máximos líderes nacionales sin que del enfrentamiento saliera, como ya es habitual, propuesta alguna.
El relevo de Zapatero lo tomó su subordinada la presidenta económica, Elena Salgado, quien, lejos de hacer autocrítica por la situación del mercado laboral, se limitó a acusar a los populares de no saber interpretar los datos y lamentó que en «momentos delicados» parezcan «el peor enemigo de la recuperación».
La réplica a la ministra de Hacienda corrió por parte de la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien denunció que el máximo dirigente socialista volviera a decir «por décima vez», que el desempleo va a bajar el mes que viene.
Respecto a la tasa de paro, conocida con antelación por un descuido de los socialistas, el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, prefirió no darse por aludido y, quizá a falta de argumentos para justificar tan insostenible situación, se limitó a emplazar a todos a mañana viernes, cuando se publique oficialmente la EPA.
Eso sí, Corbacho se apuntó al optimismo ciego de su jefe Zapatero al incidir en que los datos del paro registrado en abril, que se conocerán el 4 de mayo, serán «previsiblemente buenos».
El ministro también señaló que la destrucción de empleo y el aumento del paro «no son culpa del Gobierno», y, ejerciendo de adivino y profeta, añadió que la actual situación es consecuencia de la crisis y que no se habría podido evitar con una reforma laboral.
Sin salir de la Cámara Baja, aunque ya en los pasillos, la polémica por la aplazada sentencia del Constitucional sobre el Estatut protagonizó buena parte de las declaraciones. Así, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, rechazó la posibilidad de que se nombre un nuevo tribunal ad hoc, formado por una mayoría «adecuada a lo que desea» el Gobierno, para que resuelva sobre la norma catalana y advirtió de que su partido mantendrá «por coherencia» a los dos candidatos que propuso en 2008 para renovar la institución, Enrique López y Francisco José Hernando, que fueron desdeñados por el Ejecutivo, que los considera inadmisibles.
Con una visión diametralmente opuesta, el president José Montilla expresó su plena confianza en que «próximamente» va a renovarse el Constitucional, como él mismo lleva exigiendo durante las últimas semanas e instó a sus socios de ERC a no dar por hecho el recorte del texto regional.
«Habrá renovación; ya lo verán», aseguró el socialista en el Parlamento de la Comunidad mediterránea antes de solicitar a los populares que retiren su recurso.
Con bastante más realismo, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró que las propuestas incluidas en la declaración pactada ayer por el PSC y CiU en torno al Estatut, aunque tengan «su valor político», pueden suponer un «brindis al sol y no servir para nada» a tenor de la actitud del PSOE y PP.
