Con una actitud que algunos se apresuraron a definir como «farisea», el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió ayer durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que la tan largamente aplazada renovación del Tribunal Constitucional es «urgente». Eso sí, el socialista, cuya falta de voluntad resulta determinante en la parálisis de la máxima instancia española, añadió que tales prisas existen, pero que son «las mismas que eran hace un mes, o que serán dentro de dos meses».
Por supuesto, lo que no dijo el inquilino de Moncloa es que todo está planificado para que los magistrados sigan bloqueados al menos hasta las elecciones autonómicas catalanas del próximo otoño, momento en el cual, y siempre a la vista de los resultados y las alianzas postelectorales, ya tendrán su permiso para resolver el recurso sobre el Estatut.
En todo caso, a juicio del jefe del Ejecutivo, mientras la renovación no se lleve a cabo, el Constitucional tiene «plena legitimidad».
Zapatero quiso además hacer cómplices a todos los demás partidos, a quienes pidió que «extremen la responsabilidad» y sigan trabajando para posibilitar la renovación del alto tribunal, que no se ha producido por la negativa del PSOE a aceptar los nombres propuestos por el PP.
No lo ve así la De la Vega, quien, tras secundar a su jefe y reclamar que no se cuestione «la legitimidad ni la objetividad» del Constitucional, culpó a los populares de haber bloqueado su renovación.
paradoja democrática. Con tales acusaciones pretendió el Gobierno despachar las preguntas del diputado de ICV Joan Herrera, que reclamó al Ejecutivo un cambio legal que posibilite elegir a los cuatro jueces cuyo mandato expiró hace más de dos años.
A juicio del catalán, el Constitucional está incumpliendo la Constitución al no respetar el mandato legalmente establecido y que, en consecuencia, puede darse la «gran paradoja» de que un órgano «en situación de aconstitucionalidad» desautorice el Estatuto que el pueblo catalán aprobó en referéndum.
«Todos los diputados de la Cámara sabemos que, cuanto antes se produzca la renovación, mejor», replicó Zapatero antes de defender el «gran papel» del alto tribunal para el desarrollo del sistema autonómico, y minimizar el hecho de que no haya sentencia sobre el Estatut tras cuatro intentos.
El presidente no mencionó expresamente al PP como culpable de la interinidad, algo que sí hizo su subordinada De la Vega al sostener que el PSOE hizo una ley para que las regiones participaran en la renovación y el partido de Rajoy la «desvirtuó» proponiendo en todas sus comunidades los mismos dos candidatos, por lo que hizo «imposible» el acuerdo.
La vicepresidenta culpó también a los conservadores de haber recurrido la norma catalana con la estrategia «del miedo», y de haber roto el equilibrio del tribunal recusando al magistrado Pablo Pérez Tremps.
Tales excusas no convencieron a Herrera, quien recalcó que el Constitucional, que ha perdido «legitimidad», está «paralizado» por enrocarse en «posiciones políticas predeterminadas» y que ha «vulnerado e incumplido el principio de tutela judicial efectiva» por no dictar sentencia tras casi cuatro años.
