Tras varias jornadas sangrientas y horas de frenéticas negociaciones y confusión informativa, que confirmaba y desmentía los avances del diálogo,el Gobierno de Ucrania y los líderes de la oposición sus cribieron ayer un principio de acuerdo para resolver la crisis interna que vive el país y en el que se prevé la celebración de elecciones presidenciales antes de que acabe el año, la formación de un gobierno de unidad en menos de dos semanas y la realización de una investigación sobre la violencia vivida en las calles de Kiev en los últimos días.
Los firmantes, entre los que se encontraban también los ministros de Exteriores de Alemania y Polonia, Frank-Walter Steinmeier y Radoslaw Sikorski, que mediaron para la consecución del pacto, aseguraron haberlo alcanzado «preocupados por la trágica pérdida de vidas en Ucrania, buscando el fin inmediato del derramamiento de sangre y determinados a allanar el camino de una solución política de la crisis».
Cuando no había pasado ni una hora desde el anuncio de la firma del documento, la Rada Suprema (Parlamento) daba luz verde por amplia mayoría (386 de los 397 diputados presentes) al primer punto del acuerdo: la vuelta a la Constitución de 2004, que recorta considerablemente los poderes del presidente. La reforma, una de las principales exigencias de los manifestantes, tendrá que ser aún rubricada por Yanukovich para que entre en vigor.
Poco después, se aprobaba el segundo punto, la destitución del ministro del Interior, Vitali Sacharchenko, a quien la oposición responsabiliza de las brutales operaciones de la Policía contra los manifestantes pacíficos.
Una vez se votaron estas medidas, Gobierno y oposición deberán crear «en el plazo de 10 días una coalición» y formar un «Ejecutivo de unidad nacional», señala el documento, que agrega que las elecciones presidenciales se celebrarán «tan pronto como la nueva Constitución sea adoptada, pero no más tarde de diciembre de 2014».
Por otra parte, está prevista la realización de una «investigación sobre los recientes actos de violencia» bajo la supervisión de «las autoridades, la oposición y el Consejo de Europa». Además, el Gabinete se compromete a «no imponer el estado de emergencia» y ambas partes evitarán recurrir a la violencia.
Asimismo, el texto recoge un compromiso de ambas partes a «acometer esfuerzos serios para la normalización de la vida» en todo el país, con la retirada de los edificios oficiales ocupados y de los bloqueos de las calles y las plazas.
«Las armas ilegales tendrán que ser entregadas a los órganos del Ministerio del Interior en el plazo de 24 horas», mientras el Gobierno se comprometió a «usar a las Fuerzas de Seguridad exclusivamente para la protección física de los edificios oficiales».
