La reforma de la ley educativa causó ayer gran controversia en la conferencia que el ministro de esa materia, José Ignacio Wert, mantuvo con los consejeros de las 17 comunidades autónomas para analizar el anteproyecto de la que sería la septima modificación en la enseñanza en la democracia.
Como era de esperar, las voces discordantes llegaron de las regiones en las que el PP no gobierna. Así, desde Cataluña, la responsable de Educación, Irene Rigau, sugerió que podría llevar al Tribunal Constitucional la modificación de la norma, porque invade competencias de la Generalitat, en caso de que la tramitación no varíe su curso.
Al ser preguntada por si el Govern contempla recurrir esta reforma si no hay cambios por parte del Ejecutivo central, Rigau respondió que sí, porque es una ley que «impide que las comunidades hagan políticas propias».
Rigau destacó que solicitará que se pare la tramitación, ya que parece que coexiste con este avance de la norma una «clara voluntad de recentralizar».
En este mismo sentido se pronunció la consejera en funciones del País Vasco, Isabel Celaá, quien exigió a Wert la retirada del anteproyecto por su carácter «segregador, centralista y retrógado», al tiempo que denunció que «vulnera competencias», por lo que reclamó un texto «que parta, al menos, de un diagnóstico consensuado» entre todas las autonomías.
Celaá mostró el rechazo de la comunidad educativa de Euskadi y alertó sobre «el serio desprestigio que supone para la Formación Profesional».
A juicio de la responsable socialista, «la propuesta parte de una premisa catastrofista, unilateral y errónea y establece unas medidas que no van a servir para lograr los objetivos que se dicen perseguir». «No mejorará el abandono escolar temprano ni los resultados académicos», agregó.
De este modo, apuntó que la ley podría tener, incluso, «el efecto contrario» en muchos de esos puntos, por lo que pidió al ministro que se replantee volver a redactar una reforma «para llegar a acuerdos».
Mercantilizar
Por su parte, el consejero de Canarias, José Miguel Pérez, instó también al ministro a presentar «otro texto» de la modificación que tenga «mayor grado de consenso».
Y es que, a juicio de Pérez, con esta variación «se mercantiliza» la educación, cuando la «función social tiene que ser la formación integral de las personas para los ciudadanos».
Mientras, el propio Wert dio un mes más a las comunidades para que sigan perfilando sus propuestas «técnicas» al anteproyecto, de manera que el texto llegará al Congreso de los Diputados a finales de enero o principios de febrero, en lugar de a mediados de diciembre, como estaba previsto.
El ministro valoró también el clima «constructivo, franco y sincero» de diálogo durante el encuentro con los consejeros e indicó que un número «muy alto» de estos representantes se ha mostrado «de acuerdo» con las líneas generales de la reforma educativa, a pesar de las discrepancias de Cataluña, País Vasco y Canarias.
