Este pasado martes participé en la investidura del nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Se trata del inicio de una nueva andadura crucial para los castellanos y leoneses conformado por PP y Vox, a la que asistió nuestro presidente Santiago Abascal para defender un gobierno de coalición que ha sido demonizado mucho antes de que comenzara a andar, por aquellos que más tienen que callar. Son quienes han incorporado al comunismo, al golpismo separatista y al terrorismo a la dirección del Estado y que están arruinando a las clases medias, que están condenando a los españoles a la miseria energética y destruyendo el poder adquisitivo de las familias. Por eso había que estar en el acto de investidura para apoyar un Gobierno de coalición que será ejemplo para el resto de España.
A su vez, nuestro vicepresidente Juan García-Gallardo anunciaba un plan anticrisis para Castilla y León, que estará dotado con 470 millones de euros. 45 millones se destinarán a las familias en situación más desfavorable, apuesta clave de Vox para que la familia sea el centro de nuestras políticas. También se devolverán durante tres meses las tasas de titularidad autonómica al transporte de carretera, tan golpeado por la subida de los carburantes. Vox dice en campaña y cumple en el Gobierno.
Por otro lado, a nivel nacional Vox ha presentado una batería de medidas para defender a los españoles de la crisis económica. Entre ellas:
Una reducción drástica del gasto público que no contemple la protección de los ciudadanos, una bajada de impuestos generalizada que sea compatible con el sostenimiento de los servicios públicos. Es más, en la interpelación que realicé antes de Semana Santa al Director General de la Agencia Tributaria, este manifestó que no había margen para bajar los impuestos e incrementar el gasto a la vez. Algo que desde Vox venimos denunciando desde el inicio de la XIV legislatura. Mientras, Sánchez se niega a reducir el gasto manteniendo el Gobierno más caro de la historia de la democracia, con más asesores y más aumento de gasto público.
Por ello, quien se beneficia no son los españoles, sino su mastodóntica estructura gubernamental al servicio de Sánchez, cuyo fin es llegar a cualquier rincón de España y perpetuarse en el poder. Además este gobierno social-comunista ataca la propiedad privada al controlar el Estado los bienes de todos los españoles. Algo que silenciosamente se está produciendo, y que sólo Vox está denunciando.
Prueba de ello son los recursos números 34, 35 y 36 que los 52 de Vox han presentado ante el Tribunal Constitucional sobre la ocupación ilegal, la reforma laboral y las cesiones al separatismo vasco, este último porque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, el Gobierno ha entregado al PNV a nuestros funcionarios de administración local de habilitación nacional, transfiriendo al gobierno vasco la competencia íntegra sobre nuestros secretarios municipales, interventores y tesoreros, produciendo una quiebra de la unidad nacional.
Como colofón, esta semana Vox ha presentado una iniciativa en defensa de las familias españolas, que consiste en dejar fuera del IRPF los gastos destinados al cuidado de los hijos, una forma de reducir la presión fiscal de aquellas personas que contribuyen con la crianza de niños, es decir, del futuro.
Vox al servicio de los españoles. Vox habla, Vox actúa, Vox cumple.
(*) Diputado de Vox por Segovia.
