Uno de los mayores logros de la Transición fue, en palabras de uno de sus mayores artífices Adolfo Suárez, “elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”, porque efectivamente los españoles a la altura de 1976 llevaban muchos años reconciliados, aunque aún era necesario que esa reconciliación fuese política. Para que eso sucediera, la responsabilidad principal era de quien detentaba el poder, el Gobierno, quien tenía que dar ciertos pasos en colaboración con la oposición para que la concordia política entre los españoles fuera efectiva a través de un cambio real de régimen.
Así pues, dos de los mayores consensos que la clase política no tuvo ningún reparo en conciliar fueron que la guerra civil no fuese usada como arma dialéctica arrojadiza en el debate político y que todos protagonizaran la transición a la democracia: gobierno y oposición.
Por eso sonroja que el Proyecto de Ley de (des)Memoria (no)Democrática trate, a través de una visión maniquea y sectaria de establecer una verdad “oficial” como en los países autoritarios, inculcando que la Transición fue obra de luchadores antifranquistas, como si D. Juan Carlos, Adolfo Suárez o Torcuato Fernández Miranda hubieran sido una anécdota obligados por las circunstancias, solo merecedores de una nota a pie de página de la historia.
Y es que este gobierno se empeña en la “construcción de una memoria común” para “resignificar” la opinión individual de los españoles, a través de “medidas que dignifiquen” a las víctimas del bando republicano. Y para ello se hace referencia a recomendaciones interesadas del Consejo de Europa pero se olvidan de las que no les gustan como la Resolución 1481/2006 que “condena enérgicamente los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios” equiparándolos con el nacionalsocialismo y el fascismo. En la insólita exposición de motivos de la ley existe un hilo conductor sin solución de continuidad entre el holocausto judío y el régimen franquista como si hasta ¡1983! hubiéramos vivido bajo la bota de un Hitler meridional. Y vuelve a sonrojar el texto legal cuando define la exhumación del dictador del Valle de los Caídos como una “ruptura objetiva con el pasado franquista” como si en el periodo 1939-2019 hubiera existido un único régimen en el que hubiéramos tenido de jefe del Estado a Matusalem. Alguien tendrá que explicar por qué la Asamblea General de la ONU guardó un minuto de silencio en señal de duelo por el fallecimiento del Caudillo.
Los partidarios de la Segunda República, (mi abuelo, por ejemplo, que fue ministro de uno de los gobiernos cortos de D. Alejandro Lerroux) no necesitan que este Gobierno les “dignifique” por la sencilla razón de que ya lo hizo la Ley de Amnistía de 1977 así como las más de 30 leyes destinadas a su reconocimiento —con compensaciones económicas— que se han promulgado en España —sin contar las autonómicas— desde el establecimiento de la democracia ¿alguien pone en duda esa dignidad?
Volvemos a retraer recursos del Estado para políticas de laboratorio social que no dejan de ser un brindis al sol. Se pretende declarar nulas todas las condenas por motivos políticos del franquismo creando un registro de víctimas, poco más que repartiendo carnets de víctima (Vd. y yo, querido lector, pues los familiares podemos adquirir esa condición ¿Quién no va a ser víctima de aquella guerra fratricida?, y, si lo somos todos, entonces nadie lo es). Se pide memoria y reconciliación con el pueblo gitano y con el colectivo LGTBI, ¿por qué no con el pueblo judío o la Pachamama?
Sea lo que fuere y sin aburrir sobre el articulado de la ley, ésta representa todo lo contrario de lo que supuso la Transición, porque esta ley, y la que le precedió, divide a los españoles en buenos y malos, en favorables y detractores del revisionismo, en susceptibles de tener derechos y en no tenerlos, en ser sancionados o no, en opinar con libertad o con subterfugios; todo ello reabriendo el concepto de las dos Españas y orillando la concordia y el perdón mutuo que significó la Transición. No fue un olvido, sino que por tenerlo tan presente, todos —excepto los extremistas de los que beben los precursores de esta ley— tuvieron motivos para perdonarse con el fin de construir una España moderna e integrada en Europa.
Empiezo a pensar que la justa y necesaria exhumación de las fosas no interesa al Gobierno, porque mientras no se produzca, se justifican leyes de este tipo. La humillación a la ciudadanía es mayor al ver como este Gobierno acepta que EH Bildu escriba la “historia” de España. La filigrana política y jurídica que supuso la Transición al integrar a todos los españoles en un proyecto ilusionante de futuro está siendo mancillada por uno de sus principales protagonistas -el Partido Socialista- que por motivos espurios renuncia a la justa herencia de su actuación en la Transición rechazando un activo precioso a cambio del apoyo parlamentario de los defensores del terrorismo de ETA. En palabras de Nicolás Redondo- “no pueden ser administradores de nuestro pasado quienes más contribuyen a oscurecerlo”. Porque esta ley iguala el dolor de víctima y victimario (de ETA) produciéndose una revictimización de los que sufrieron atentados de ETA, una revictimización que se quiere evitar a los familiares de los republicanos pero no a las víctimas de ETA ¿qué derechos se deben reconocer a nuestros abuelos que no nos merezcamos nosotros? Pero los más de 350 atentados sin resolver de ETA no inquietan a este gobierno mientras necesite el respaldo parlamentario de EH Bildu. En palabras de la diputada nacional de ese partido separatista, Mercedes Aizpurúa “vamos a poner en jaque el relato de una Transición ejemplar”, ¿y qué es poner en jaque? Para empezar, aprobar esta cuasi derogación de la Ley de Amnistía o cuando menos, dejarla herida como requisito para a continuación vilipendiar la propia Constitución. Ley de Amnistía, Constitución y Corona: ese es el dominó. Y desde el BOE.
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(*) Director de la Fundación Transición Española.
