El Ministerio Fiscal modificó ayer las conclusiones provisionales en relación al crimen de Isabel Carrasco y rebajó de 23 a 22 años la petición de pena de prisión para Montserrat González, su hija Triana Martínez, y la policía local Raquel Gago, por tener en cuenta que existió un atenuante de reparación del daño ya que madre e hija consignaron 77.622 euros como indemnización a los familiares de la víctima.
El fiscal Emilio Fernández sostuvo que Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago son autoras de un delito de asesinato en concurso con atentado, por el que inicialmente solicitó 20 años de prisión, pero que rebajó a 19 por reparación del daño, más un delito de tenencia ilícita de armas, penado con tres años de privación de libertad.
No obstante, el fiscal ofreció otras dos alternativas al jurado, aunque precisó que él cree que las tres “estaban de acuerdo” y tienen
“la misma responsabilidad” en el asesinato de Isabel Carrasco.
La segunda petición alternativa de la Fiscalía no varía en el caso de Montserrat, pero cambia para Triana y Raquel, para las que solicita que sean condenadas a 12 años por un delito de cómplices de asesinato. A los que habría que sumar los tres años de tenencia ilícita de armas.
La tercera petición alternativa propuesta por la Fiscalía afecta solamente a la participación de la policía local Raquel Gago. Solicita que se le acuse de un delito de encubrimiento para el que pide tres años de prisión. En este caso, también habría que sumar los tres años de prisión por tenencia ilícita de armas.
El fiscal Emilio Fernández explicó ante el Tribunal de Jurado de la Audiencia Provincial de León que Isabel Carrasco fue asesinada por Montserrat González “por la espalda y a muy poca distancia, con tiros con efectos muy importantes”, el primero de ellos ya fue mortal de necesidad y el tercero le causó la muerte inmediata.
Por esta razón, según la Fiscalía, Isabel Carrasco “no tuvo ni la más mínima posibilidad de defenderse y solo le da tiempo a tocarse instintivamente la herida de la espalda” por lo que los hechos son constitutivos de asesinato.
En lo relativo al delito de atentado, según la Fiscalía, existe porque las tres acusadas mataron a Isabel Carrasco “por lo que era”, presidenta de la Diputación y del PP provincial, y porque con su influencia perjudicaba a Triana.
Montserrat iba ataviada el día del crimen, que se produjo el 12 de mayo de 2014, con una parca, gorras, gafas de sol, foulard y guantes lo que según el fiscal responde a que “estaba preparada para matar y que no la reconocieran” por lo que solicita el agravante de disfraz.
En cuanto a la participación de Triana, el fiscal mantuvo que es la misma que la de su madre porque “hizo búsquedas en sus ordenadores” sobre cómo y dónde comprar armas y que también participó en los seguimientos previos a la víctima, añadió.
Además, la tesis del Ministerio Fiscal es que Montserrat entregó a Triana el arma y ambas se cobijaron en un pasadizo para hacerlo, previo acuerdo entre ellas. Un encuentro que no fue casual, sino que la hija estaba esperando a su madre.
Raquel Gago, según la Fiscalía, participó en los seguimientos previos a Isabel Carrasco porque existen elementos que así lo demuestran, como el informe de posicionamientos. Considera que pudo participar en ellos en su horario laboral porque “nada le impedía hablar por teléfono” cuando estaba trabajando.
El Ministerio Fiscal tampoco se cree la versión de Raquel Gago relativa a cómo introdujo Triana el arma homicida en su coche, oculta dentro de un bolso. El fiscal insiste en que se dio cuenta de que ésta introducía el arma en su coche y que eso formaba parte del plan elaborado por las acusadas.
Por su parte, las acusaciones, pertenecientes a la hija y a la pareja de la víctima, así como al Partido Popular de León, se sumaron a las conclusiones definitivas de la Fiscalía.
El letrado de la defensa de madre e hija, José Ramón García, declaró que Montserrat es autora de un delito de asesinato con una eximente incompleta por padecer manía persecutoria por el que pide 3 años, nueve meses y un día de cárcel. Más un delito de tenencia ilícita de armas penado con siete meses. En el caso de Triana, García solicita un delito de encubrimiento que quedaría impune por tratarse de su madre.
El abogado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, pidió para ella la libre absolución al considerar que es “la única alternativa. Raquel no participó ni como cómplice, ni como encubridora”, matizó.
