El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, aseguró ayer que las autorizaciones para parques eólicos que investiga la Agencia Tributaria se ajustan a la legalidad, según un primer análisis de los expedientes realizado por técnicos de su departamento.
Villanueva se refirió así a una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Agencia Tributaria, que elaboró un informe por el supuesto pago de comisiones para facilitar la instalación de estos parques que habría supuesto pagos de 110 millones a autoridades públicas y empresarios por parte de las eólicas, según la información publicada ayer por El País.
Dichos expedientes son los de 35 parques autorizados entre 2004 y 2007 y entre las personas que pudieron haberse beneficiado estarían el que fuera viceconsejero y secretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado y el exconsejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva.
Análisis
El titular de Economía aseguró que la Junta no ha tenido acceso a la denuncia y se puso a disposición tanto de la Agencia Tributaria como de la Fiscalía o, si fuera necesario, del juzgado que corresponda, para poner a su disposición dichos expedientes administrativos.
Villanueva explicó que, tras conocer la información, se dio instrucciones a los servicios técnicos para que revisaran los expedientes y se estudia la posibilidad de extender este análisis y control a todos los referidos a energía eólica tramitados por la Junta. De este primer análisis, los técnicos trasladaron que la tramitación administrativa fue “correcta”, “ajustada a la legalidad”, “a derecho” y en plazo.
El procedimiento administrativo, según el consejero, es “largo, complejo, complicado”, está regulado por Decreto y se inicia con la solicitud de los promotores para la ubicación de un parque eólico.
A este respecto, incidió en que la Administración, una vez dada la autorización, no tiene participación ni relación alguna con esas operaciones y reiteró que la Junta y los servicios que tramitan estas autorizaciones lo hicieron con corrección y transparencia.
El consejero insistió en que si alguna empresa se dirige a la Administración para hacer una solicitud se aplica la norma y se resuelve la autorización, lo que además conlleva una parte de tramitación medioambiental, ya que se requiere un informe sobre su impacto y, de ser negativa esta evaluación, no se podría autorizar.
A este respecto, aseguró que la Consejería nunca ha tenido una queja por el posible beneficio a empresas e incluso los empresarios trasladaron que se trataba de un procedimiento muy “transparente”. Además, recalcó que nunca se han producido impugnaciones nada más que de tipo ambiental por parte de asociaciones ecologistas.
En cuanto a la figura de Rafael Delgado, el consejero recordó que trabajó con él muchos años y afirmó que es una persona “muy preparada”. Además, pidió i respeto para las personas, a las que cree que no se puede “enjuiciar” antes. Por lo que se refiere a Esgueva, aclaró que no se entra a conocer quiénes son los socios de las empresas que realizan las solicitudes.
En este sentido, aseveró que si hubiera tenido conocimiento de algún tipo de irregularidad se hubieran tomado medidas.
En cualquier caso, señaló que informó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien pidió una actitud de “transparencia y claridad”, además de ponerse a disposición de cualquiera que lo investigue.
“La Administración puede explicar lo que ha hecho”, añadió Villanueva, quien reiteró que el papel de la Junta acaba con la concesión de la autorización.
Elecciones
El consejero, que dejará su puesto al final de presente mandato, recordó que ya tenía tomada la decisión de irse y que le hubiera gustado que no hubiera problemas, pero aún forma parte del Gobierno y por ello aclarará y explicará estas cuestiones. Por eso, solicitará su comparecencia en la Comisión permanente de las Cortes
Además, señaló que tiene “absoluta tranquilidad” y la disposición es de actuar con la mayor transparencia y colaboración y añadió que hubiera sido más fácil dirigirse a la Junta para pedir los expedientes y hubiera “dejado mejor” al Gobierno, pero intentará aclarar todo por “respeto”.
En cuanto a la cercanía de las elecciones y lo que pueda afectar este caso y el de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), investigado judicialmente y en el que está imputado a Rafael Delegado, el consejero aclaró que pretende trasladar a la sociedad “ tranquilidad” porque confía en la acción de la Justicia.
