Gobierno y oposición rodearon el viernes al Jefe del Estado en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Era una forma de compensar la campaña de hostigamiento a la Corona por parte de los independentistas catalanes. Nada menos que cinco ministros, con la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza, además de Casado y Rivera, acompañaron a Felipe VI. A la misma hora, Pablo Iglesias se reunía en Lledoners con Junqueras, buscando un apoyo a unos presupuestos que ERC y PDCAT condicionan a la libertad de los políticos presos.
Curiosamente, al dejar el recinto carcelario, el líder de Podemos se desmintió a sí mismo dejando caer una ambigua frase con la que explicaba que el ya había hecho su trabajo y que ahora correspondía a Sanchez mover ficha. A lo peor se olvidó de que horas antes había aclarado a los independentistas –mostrando su espíritu de hombre de Estado– que el Gobierno no podía presionar a la Fiscalía para cambiar la calificación de los delitos.
El Rey hizo en su discurso una cerrada defensa de la Constitución, aprovechando el cuarenta aniversario de su aprobación en referéndum que se cumple dentro de unos días.. Precisamente es la Constitución del 78 la que fija la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, sin la cual no existe la democracia.
Es ese respeto entre los poderes del Estado el que está retrasando el recurso ante el Tribunal Constitucional por la reprobación del Rey en el Parlament de Cataluña. La ministra Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no fue capaz de explicar cómo se va a redactar un recurso que algunos juristas ponen en duda que pueda ser aceptado por el alto tribunal. Pese a que el Gobierno considera “políticamente inaceptable” que un parlamento autonómico se crea con poderes para designar la forma del Estado, la reprobación no tiene ningún valor jurídico y es discutible una respuesta en el ámbito de los tribunales.
Conviene recordar que la misma propuesta presentada por los partidos independentistas no salió adelante por el enfrentamiento entre los diputados de Junqueras y los de Puigdemont, y que fue un texto de En Comu/Podem (con Colau y Pablo Iglesias detrás) el que reprobó al Jefe del Estado.
A la espera del dictamen del Consejo de Estado y ante la ausencia de reflejos políticos del presidente Sanchez y sus ministros, que debieron ser más duros en la crítica a la reprobación, se quiso compensar con la masiva representación gubernamental en Oviedo.
Las fuerzas políticas, ante el mayor desafío institucional desde la recuperación de la democracia, deberían mantener la unidad, al menos en la defensa cerrada de la forma de convivencia que elegimos los ciudadanos. Y es la Constitución la que fija que la Jefatura del Estado está representada por la Monarquía. Sólo una modificación de la Carta Magna con el consiguiente referéndum posterior y el apoyo de la mayoría de los españoles podría traer la Republica. Ni el Parlament de Cataluña, ni los independentistas, van a cambiar la legalidad vigente.
