El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en el Congreso que las víctimas del terrorismo, las de violencia de género, las de trata de seres humanos, los menores maltratados y las personas con discapacidad estarán exentas del abono de las tasas judiciales y también del coste de abogado y procurador en los procesos en los tribunales.
De este modo, durante la Sesión de Control al Gobierno, el popular consideró «profundamente insolidaria e insuficiente» la petición formulada desde el PSOE para que las mujeres que han sufrido malos tratos no paguen las tasas en procesos civiles, como casos de separación y divorcio.
Así, destacó que en el plazo de dos semanas el Consejo de Ministros dará luz verde a la revisión de la nueva Ley de Justicia Gratuita para ampliar el número de beneficiados. De este modo, se elevará el umbral salarial que da derecho a esta garantía de dos veces el salario mínimo interprofesional a 2,5 veces el Iprem (indicador de la renta de efectos múltiples). Es decir, de 14.910 euros anuales a 15.970 euros.
Mientras, desde la oposición, el diputado socialista Antonio Camacho exhortó a Gallardón a llevar «mañana mismo» al Consejo de Ministros un decreto-ley que «deje sin efecto» el pago de tasas judiciales para las víctimas de violencia doméstica, sin necesidad de esperar a la aprobación de la nueva normativa anunciada ayer, ya que le resulta «incomprensible» que las personas que tienen que ser objeto de una «especial protección tengan que abonar un impuesto para separarse de aquel que les está agrediendo».
Por su parte, el representante de IU Gaspar Llamazares destacó que el ministro «intenta enmendar parcialmente el gravísimo error que significan las tasas» al «negar» el acceso de los españoles a los tribunales y lamentó que «la Justicia en este país dependa de la renta».
En este sentido, las asociaciones de jueces consideraron que el anuncio de Gallardón es un «simple golpe de imagen» que tiene por objeto «intentar enmascarar» la aplicación de las nuevas tasas judiciales a «amplias capas de la población».
De este modo, calificaron de «insuficiente» la medida propuesta por el dirigente del PP y advirtieron de que lo que se cuestiona es la «desproporcionada» cuantía de unos impuestos que se extienden a las personas físicas y que afectarán, por tanto, «al ciudadano medio».
Por ese motivo, las siete organizaciones de magistrados y fiscales amenazaron con la convocatoria de una huelga el próximo mes de enero si el ministro sigue adelante con su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé, entre otros cambios, la práctica desaparición de los jueces sustitutos, una reducción de sus días de permiso y la modificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras una reunión urgente celebrada en la sede de los juzgados de instrucción de Madrid, las instituciones anunciaron un «acto público de defensa de la Administración de Justicia» para el próximo 11 de diciembre, así como un paro de una hora para el día siguiente ante las sedes judiciales de todo el país.
«Si no hemos convocado todavía la huelga es para mantener la unidad de acción, no perjudicar a los ciudadanos y conseguir el consenso de todos los operadores judiciales», señaló José Luis González Armengol, juez decano de Madrid. Por su lado, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, manifestó la intención de magistrados y letrados de «actuar con responsabilidad» en cualquier caso. «Los jueces no podemos estar saliendo a la calle todos los días», remarcó.
