El informe jurídico elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent a instancias del Ayuntamiento de Vic concluye que la intención del Consistorio de no permitir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular «no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley».
Tras recibir el documento, entró una instancia en la subdelegación del Gobierno de Barcelona dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la cual le reclama que informe por escrito sobre los requisitos que deben presentar los inmigrantes para poder inscribirlos.
En esta rogativa, el alcalde del municipio, Josep Maria Vila d’Abadal, explica que el Ayuntamiento pide, entre otros documentos, un pasaporte en vigor a los ciudadanos extranjeros. Añade que, en estricto cumplimiento de la legalidad y en aplicación del artículo 25 de la Ley 4/2000 que regula los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, distingue entre personas procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea y aquellas que no lo son.
«Para estos últimos, en estricta aplicación y respeto de lo que establece» el citado artículo, «es preciso que el pasaporte se acompañe del preceptivo visado», señala Vila d’Abadal.
Según el Consistorio, estas disposiciones están relacionadas con el artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece la inscripción en el padrón municipal «como una obligación de todos los que residen habitualmente en un municipio de España».
Por otro lado, los cuatro concejales que el PSC tiene en Vic siguen apoyando la propuesta municipal de exigir los papeles en regla a los inmigrantes que quieran empadronarse después de que ayer el viceprimer secretario del partido, Miquel Iceta, les instara a oponerse a los nuevos criterios.
Según confirmó el segundo teniente de alcalde y portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Josep Burgaya, el equipo de gobierno en su totalidad y los ediles socialistas en particular serán «absolutamente escrupulosos» en el respeto de la legalidad vigente.
«No hay la voluntad de hacer nada ilegal», agregó Burgaya. De este modo, si el Ministerio del Interior aprecia ilegalidades en el nuevo código de empadronamiento, no se pedirá el visado o el pasaporte a los extracomunitarios para empadronarse, declaró.
Lo paradójico de este caso es que el Ayuntamiento de Vic y las entidades que reúnen a las localidades catalanas -la Federación Catalana de Municipios (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM)- avalaron en octubre un documento que defendía empadronar a cualquier inmigrante, con independencia de su situación legal.
Este texto, dado a conocer ayer por el PSC, es fruto del Pacto nacional por la inmigración y fue suscrito por el Govern, por las cuatro diputaciones, por diversos consejos comarcales y por otros 27 ayuntamientos, el pasado 26 de octubre.
