El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechazó la petición de la ingeniero municipal de Parla (Madrid) Elena María Fernández Pérez de archivar la investigación que se sigue contra ella en la trama de corrupción ‘Púnica’, al entender que hay indicios de que permitió a la empresa Cofely participar en la redacción “a su medida” de un contrato público con una duración de quince años y un valor de 66,13 millones de euros.
En un auto, el magistrado desestima el recurso presentado por la defensa de la técnico municipal contra el auto en el que levantaba el secreto de la causa principal, al considerar que cometió presuntamente delitos de revelación de secretos y fraude. Según el juez, la funcionaria, que pedía archivar de forma definitiva su caso, “quebrantó” indiciariamente su deber de “sigilo” y permitió al jefe comercial de Cofely, hacer “aportaciones relevantes” en la redacción de los pliegos del contrato, que ascendía a 66.137.413 euros.
“Tal actuación de connivencia con una de las entidades que competían en el concurso era una aportación relevante para asegurar la preadjudicación del contrato a Cofely, quien, de forma espuria, había colaborado en la redacción de unos pliegos hechos a su medida de su propia mano y que luego salía a concurso”, explicó.
