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Vecinos que salen caros

por Redacción
15 de enero de 2013
Imagen de archivo de la concentración que protagonizaron los vecinos de La Higuera el pasado mes de diciembre. / J. Martín

Imagen de archivo de la concentración que protagonizaron los vecinos de La Higuera el pasado mes de diciembre. / J. Martín

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En La Higuera han querido dejar claro en las últimas semanas que las personas vinculadas presuntamente con la desaparición y muerte de Rosa de Andrés, no eran del pueblo, sino transeúntes. Las tres personas que residían en la localidad (dos hombres y una mujer) a las que se ha relacionado con el suceso se encuentran en prisión. Pero han quedado otros seres vivos de los que ha tenido que hacerse cargo el Ayuntamiento de Espirdo, al que pertenece el núcleo de La Higuera, y que le están costando cerca de 600 euros mensuales.

De este modo, al dolor que supone el perder una vecina de forma violenta, se suma ahora el coste económico que han dejado. Por eso, desde el Ayuntamiento, su alcaldesa, Socorro Cuesta, de la formación independiente AIC, espera que se resuelva pronto esta situación. Según dijo, le está suponiendo un desembolso económico «muy alto y que no se pueden permitir las arcas municipales» de un pueblo que ronda los 900 habitantes.

El municipio ya tuvo que desembolsar más de un millar de euros a una empresa para que recogiese los perros de la vivienda en la que residía uno de los detenidos. Ahora tiene que pagar el coste del mantenimiento de los animales, pues se encuentran en un centro canino situado en la localidad de Palazuelos de Eresma. «Además de los más de mil euros que tuvimos que pagar, ahora cada mes nos cuestan otros 580 y ese dinero que hay que pagar nos está machacando», explicó la regidora.

Se trata de once perros que tenían en la vivienda de la calle Marota, donde residían los implicados con el suceso. Además de su morador habitual también entraba para pernoctar otra pareja que había estado viviendo en el interior de una furgoneta en un parque público desde que llegaron al pueblo el pasado verano.

Al quedar precintada la vivienda para la investigación policial, la Guardia Civil informó al Juzgado de la existencia de animales vivos en su interior. El Juzgado que instruye el caso se lo comunicó a su dueño, que está en prisión. El hombre propietario de los animales respondió en una comunicación a través de su abogado que al estar privado de libertad no podía hacerse cargo de los animales, a la vez que solicitó que fueran dados en adopción y que no se les sacrificara.

Así se lo trasladó de nuevo la titular del Juzgado al Ayuntamiento de Espirdo. «Si lo entiende oportuno, dé en adopción a los perros a tercero pero, sin que, en modo alguno, procedan a su sacrificio, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal». De este modo, desde el Consistorio se han visto obligados a respetar la providencia judicial. Según la normativa, es la administración local a la que corresponde la regulación de la situación de abandono de animales de compañía, según la Ley 5/97 de Castilla y León.

En el Ayuntamiento desconocían la existencia de tantos animales en el interior de la vivienda, según declaró la alcaldesa de Espirdo. Ahora han comprobado que los mismos no estaban dados de alta en el censo municipal de animales domésticos, que se encontraban sin chips identificativos, y tampoco estaban desparasitados ni desinfectados.

En el registro realizado el 4 de diciembre, -día siguiente del ingreso en prisión de su inquilino-, se presentaron en el domicilio varios agentes de la Policía Judicial y del Seprona de la Guardia Civil, así como y el concejal de Medio Ambiente de Espirdo, Juan Manuel Herranz Álvarez para dar cumplimiento a la orden judicial. Les acompañó el dueño de un criadero privado autorizado, que se llevó los canes en una furgoneta.

El Ayuntamiento de Espirdo se vio obligado a adoptar esta solución como la única posible después de que las asociaciones protectoras de animales con las que había contactado «no han podido hacerse cargo de ellos», tal como explicó la alcaldesa al Juzgado, que la había requerido para que informara de las gestiones realizadas «en un plazo máximo de 24 horas.

En el registro domiciliario de la calle Marota se encontraron once perros, cuatro adultos y siete de menor edad, todos sin raza conocida. De acuerdo con el informe del Seprona, las condiciones higiénicas eran «malas ya que existen abundantes excrementos». «Todos los perros son de raza mestiza de unos 40 centímetros de tamaño y unos seis o siete kilogramos de peso», según la descripción oficial. Cada uno cuesta más de 50 euros al mes.

Los perros como argumento.- Los perros de compañía han sido objeto de parte del trabajo que ha mantenido ocupados a los miembros del equipo de investigación de la Guardia Civil durante las últimas semanas.

En los testimonios que han ido dando algunos de los detenidos por su relación con la desaparición de Rosa de Andrés, han estado afirmando que el propietario de la vivienda contigua a la de Rosa había ido a enterrar un perro de raza mastín hasta Lastras del Pozo.

También en el año 2011, el Seprona de la Guardia Civil se llevó un perro que tenía el dueño de la vivienda y anterior residente en la misma, según él mismo dijo a la Guardia Civil el pasado mes de octubre. Tal com había indicado Rosa de Andrés el había advertido de que solucionara el problema del perro y unas humedades que habrían traspasado de una vivienda a otra.

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