El Consejo de Estado es taxativo con la aplicación de la medida del euro por receta, vigente ya en Cataluña desde julio y que estará en funcionamiento también en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 1 de enero. Según el órgano consultivo del Gobierno, la decisión es claramente no acorde con la Carta Magna, ya que «contraviene el orden constitucional de distribución de competencias».
El dictamen, emitido el pasado 21 de junio y del que ya informó en el Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, considera que «existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos», que recoge esta tasa.
El Consejo considera que la norma contraviene el orden de distribución de atribuciones y «excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación».
Montoro ya explicó el pasado martes en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por el socialista Tomás Gómez, -quién a su vez ya anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional- que el Gobierno cuenta con este informe, y que lo utilizará para que Cataluña elimine este canon «cuanto antes» y «a partir de ahí, no será aplicable en ninguna comunidad».
El informe, solicitado por el Ministerio de Hacienda para que el Ejecutivo pueda promover recurso de inconstitucionalidad contra la medida, considera que esta tasa «puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado».
Asimismo, el Consejo considera que las regiones «no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta un cuestión que forma parte de la competencia exclusiva estatal consagrada en la Constitución».
Diálogo
A pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de inconstitucional, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de este impuesto antes de llegar al Alto Tribunal. Esa conversación ya se ha iniciado con el Ejecutivo catalán, y el Gabinete central también ha formulado un requerimiento previo de contacto con la Comunidad de Madrid para comenzar las negociaciones cuando entre en vigor esta tasa el próximo 1 de enero.
En esta línea, Ana Mato insistió ayer en que este Gobierno «apuesta por el diálogo» y, por ello, emplazó a la Generalitat a alcanzar un acuerdo sobre la retirada de esta tasa antes del próximo mes de diciembre.
Si la comunidad finalmente decide mantenerla, «el Ejecutivo se plantearía entonces recurrir la medida», apuntó la ministra.
