La ONG Transparencia Internacional (TI) publicó ayer los resultados del Índice de Transparencia de las diputaciones provinciales (INDIP) 2015 que destaca el aumento que, por término medio, alcanzaron la mayoría de estas instituciones en su valoración final respecto a los resultados obtenidos en el último informe del año 2013. En el anterior Índice la valoración media fue de 69,6 sobre 100 y en esta ocasión la puntuación media de las Diputaciones examinadas ascendió al 81,7 sobre 100.
Según este Índice, las diputaciones de Palencia y Valladolid obtienen la máxima puntuación de la entidad, mientras que Ávila y Soria, suspenden.
La organización llevó a cabo la que supone la tercera edición de esta evaluación a través de un conjunto de 80 indicadores que miden el nivel de transparencia de un total de cuarenta y cinco diputaciones, incluidas las diputaciones forales, algunos cabildos insulares y conselles baleares.
Las cinco diputaciones que se sitúan en la cabeza del ranking en esta edición son Huelva, Palencia, Tarragona, Valladolid y Vizcaya, todas ellas con la puntuación máxima de 100 puntos. En la parte más baja de la lista se encuentran las tres únicas diputaciones que suspenden: Ávila con 45,6 puntos, Cuenca con 42,5 y Teruel con solo 17,5 sobre 100. A pesar de los buenos resultados, la organización destacó que aún sigue habiendo diputaciones suspensas y las aprobadas cuentan con algunas “lagunas informativas”.
Para el conjunto de Castilla y León, Segovia se sitúa como la tercera diputación con mayor índice de transparencia (95,6), seguida de León y Salamanca con 91,9 y 90,6, respectivamente. Burgos y Zamora reflejaron unos notables 81,9 y 75,6 puntos sobre 100, mientras que el ranking lo cierran Soria (54,4) y Ávila (45,6), siendo ésta la tercera diputación con menos transparencia a nivel nacional.
En el acto de presentación del índice, el presidente de TI-España, Jesús Lizcano, afirmó que las diputaciones que suspenden lo hacen “porque no tienen voluntad” de aportar la información que es evaluada por los índices, ya que la organización les remite los aspectos concretos que se van a evaluar con meses de antelación.
El miembro del Comité Ejecutivo de TI-España, Manuel Villoria, subrayó que el resultado del último INDIP “es un incremento enorme”, aunque apuntó que queda “un largo camino por recorrer” vinculado a la calidad y sencillez de la información que publican las instituciones. “Seguimos en la búsqueda de impulsar la información y esto se está consiguiendo”, añadió.
Villoria también destacó que las diputaciones provinciales están sometidas a “un importante debate sobre si deben subsistir o no”, pero que de acuerdo con los indicadores de transparencia “las diputaciones siguen cumpliendo una labor de apoyo a los municipios importante”. “Por ese problema de legitimidad que tienen, seria muy importante que todas ellas insistieran en mejorar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, dijo durante su intervención.
En cuanto a las distintas áreas evaluadas en el INDIP, la transparencia en las contrataciones aparece como una “asignatura pendiente” para la mayor parte de las diputaciones, ya que la media colectiva en esta área es de 65,8. La organización también apuntó que son quince las diputaciones que se quedan en el aprobado y cuatro las que suspenden en el área que hace referencia a los indicadores de la Ley de Transparencia, a pesar de que ésta haya pasado a estar plenamente en vigor este mes de diciembre.
Del informe también es destacable que el área de transparencia que presenta una mayor puntuación media global es la referente a las Relaciones con los ciudadanos y la sociedad, donde la media colectiva alcanza el 81,1. Otras áreas que obtienen una puntuación media superior a 80 son: Información sobre la propia Diputación provincial (83,5), Transparencia económico-financiera (83,1) y Transparencia en materia de servicios y apoyos a municipios (81,9).
Otro de los miembros del Comité Ejecutivo de TI-España intervinientes en el acto, Beltrán Gambier, insistió por su parte en la necesidad de reglamentar la Ley de Transparencia. “La Ley es un avance pero necesita algunas precisiones”, señaló. Además, apuntó que la Administración española aún es “bastante reticente a facilitar los dictámenes jurídicos que apoyan un determinado acto administrativo”.
“No tenemos un reglamento en cuanto a transparencia, se necesita que se detallen cosas que están muy difusas en la Ley”, advirtió Lizcano a la vez que recordó que en la web de TI está publicado un documento que remitieron al Gobierno central con sugerencias para una mejora y una reglamentación de la Ley de Transparencia.
Además, Villoria apuntó que una gran parte de las instituciones “no están preparadas” para cumplir con esa Ley, como son los ayuntamientos más pequeños.
