El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y quien fuera su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, negocian con la Fiscalía un acuerdo que les permita evitar la entrada en prisión a cambio del reconocimiento de varios delitos y la devolución de dinero público obtenido de sus tratos con varias administraciones.
Según publicaron ayer tres periódicos de tirada nacional, ambos imputados estarían planteando a la Fiscalía Anticorrupción sendos acuerdos para concluir los procesos judiciales en los que están involucrados dentro del caso Palma Arena, que investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca.
Desde la defensa del exdocente, que conoció a Urdangarín en un Master en Dirección de Empresas en Barcelona, se ha negado de un modo rotundo esta información, alegando que es todo absolutamente falso y que obedece a una estrategia para desacreditar a Diego Torres.
Durante toda la jornada, los medios de información se volcaron con esta noticia, ya que, de ser cierta, el exjugador de balonmano del FC Barcelona podría eludir la prisión, algo que ha sembrado cierta polémica dentro de grupos políticos afines a la República que han encontrado una manera de atacar a la Monarquía, cuando el mismo Rey ya efectuó varias declaraciones -la más sonada en el discurso de Navidad- en las que apoyaba la idea de que la Justicia debe ser «igual para todos» y que ya advirtió -aunque este anuncio fue realizado por su departamento de Comunicación, no por él mismo- a su yerno de que debía cortar de inmediato su relación con el Instituto Nóos, como así fue, si bien parece haber pruebas contra Urdangarín que dicen todo lo contrario, por lo que desobedeció la orden dada por Su Majestad.
Con este cambio de rumbo en la estrategia, el Duque de Palma se plantea admitir los delitos de los que se le acusa y pagar una compensación por el dinero público obtenido a través de su fundación, a cambio de obtener unas condenas inferiores a dos años para eludir así la entrada en prisión. Se ignora si se ha puesto de acuerdo con su antiguo amigo para poder salir indemnes de esta difícil situación para ambos.
Los delitos de los que se les acusa son los de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El reconocimiento de su culpa por parte de Iñaki Urdangarín supondría un enorme giro en todo este convulso juicio, que el primer día que acudió a los juzgados a declarar proclamó ante los medios de comunicación su intención de defender su inocencia antes de unas maratonianas sesiones ante el juez Torres que, según algunas fuentes personadas allí, fue bastante duro con él.
Si todas estas informaciones son correctas, el Duque y Diego Torres deberían hacer entrega de 3,5 millones de euros para saldar sus deudas con la Justicia.
La izquierda se opone y Ferraz calla.- El silencio que hay desde la sede central del PSOE parece ser bastante elocuente. Solo un verso suelto como Tomás Gómez saltó a la palestra para defender su republicanismo. Quizás porque ayer era un día festivo o quizás -es más probable- porque es un asunto sumamente delicado, el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba evitó en todo momento posicionarse sobre el supuesto pacto del Duque de Palma con la Fiscalía, ya que ello podría acarrearle muchos problemas.
Para ahorrárselos salió al quite, seguramente sin permiso, un verso suelto como Tomás Gómez, el líder de los socialista madrileños, que dijo lo siguiente: «Uno de los valores del republicanismo cívico es el sometimiento de todos a la ley, también de Urdangarín».
Mientras, el diputado de IU por Asturias en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, señaló que sería «un escándalo» que se confirmase la existencia de un acuerdo previo para eludir responsabilidades y un posible juicio. Su jefe, el coordinador federal de la formación, Cayo Lara, fue un poco más allá, tachando de «esperpéntica» esa posibilidad, y aprovechó para atacar a la institución monárquica, algo que ha estado haciendo en las últimas semanas, en las que llegó a proponer un referéndum, algo que, según encuestas recientes, no ve en absoluto necesario la sociedad española.
Por su parte, el portavoz del BNG, en la Cámara Baja, Francisco Jorquera, manifestó que espera que la posibilidad de un acuerdo «no evite» que prosigan las investigaciones del caso y se esclarezcan «todas las responsabilidades, salpiquen a quien salpiquen».
Mientras tanto, el portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, señaló que ese hipotético a cambio de una condena menor, no es suficiente».
Al cierre de esta edición, el secretario general del PSOE seguía sin pronunciarse, y es muy posible que no lo haga hasta que sea oficial.
