El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, imputó ayer a Iñaki Urdangarin y le citó a declarar en la capital balear el próximo 6 de febrero sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear -se habla, por ejemplo, de 2,3 millones de euros por un foro de Turismo y otro de Deporte- y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.
El magistrado dictó el levantamiento del secreto de sumario de esta pieza separada número 25 del caso de supuesta corrupción Palma Arena, en la que se investigan supuestas irregularidades en esa fundación sin ánimo de lucro -así consta en sus estatutos-, y en el mismo auto ha imputado y ha citado a declarar a Urdangarin, que presidió dicha entidad hasta 2006.
La Casa Real señaló que no hay ningún comentario que hacer respecto a la imputación del esposo de la Infanta Cristina, y se remitió a su posición de respeto absoluto a las actuaciones y decisiones judiciales que mantiene desde que, hace dos meses, comenzaron a aparecer las primeras informaciones que relacionaban al exjugador de balonmano del FC Barcelona con el caso Palma Arena.
Con idéntico argumento al esgrimido 24 horas antes por el que fuera titular de Fomento en la legislatura pasada, José Blanco, esta noticia, a juicio de la defensa del aristócrata, le permitirá poder defenderse mejor y lavar su honorabilidad.
Dentro de poco más de un mes, el togado le preguntará a Urdangarín, que no ha puesto los piés en España desde que se destapó con virulencia el escándalo, sobre la ejecución de lo acordado con los dos Ejecutivos regionales, la rendición de cuentas llevada a cabo, así como por las personas que hayan participado en los hechos o se hayan beneficiado de los mismos, el destino de dichos fondos públicos y su tratamiento fiscal, según detalla en el auto.
Castro citó también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nòos -Ana María Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.
Los primeros en prestar declaración serán Torres y las otras cuatro personas vinculadas a la polémica fundación, que han sido citadas para el próximo jueves y a quienes el juez también interrogará sobre los mismos hechos por los que se tomará testimonio al Duque de Palma, que podría prestarlo antes de la fecha indicada, según fuentes jurídicas consultadas.
Así, el juez dio por zanjado ayer el examen de toda la documentación intervenida en varios registros llevados a cabo en noviembre en Barcelona y la valoración de las declaraciones tomadas a imputados y testigos hasta el momento, razón por la que levantó el secreto sobre el sumario.
Con esta decisión ha hecho que la Casa Real, que acata con «absoluto respeto» lo dictado, pueda respirar aliviada ya que, en los informes, la Infanta Cristina, esposa del exdeportista, está fuera de toda sombra de sospecha.
Mientras, los principales partidos, PP y PSOE, se remitieron a las decisiones judiciales, al tiempo que confiaron en que la imputación del Duque de Palma sirva para conocer toda la verdad y aclarar los hechos cuanto antes. Más beligerantes se mostraron los grupos republicanos, que han encontrado una mina en este turbio asunto.
