El Ayuntamiento de Segovia utilizará «todos los medios legales» a su alcance para recuperar los cerca de 70.000 euros que gastará en las obras de derribo de los ‘miniapartamentos’ ilegales del Eresma; unos trabajos que ejecutará de forma subsidiaria el consistorio tras el intento infructuoso de que sea la promotora, Hontanilla de Santo Domingo, S.A, quien asuma esta tarea. Si los propietarios no reintegran esa cantidad a las arcas municipales, el Ayuntamiento iniciará un expediente de expropiación forzosa para recuperar la inversión, para lo que se valorará el precio de la finca, una parcela rústica especialmente protegida, donde se construyeron estos ‘minipisos’, camuflados en unos muros de contención.
Así lo aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, quien confirmó que el próximo lunes, 1 de diciembre, comenzarán las obras de derribo «de toda construcción no ajustada a la licencia», que ejecutará de forma subsidiaria, después de transcurridos los tres meses que concedió el Ayuntamiento a la propiedad para que ejecutara la demolición. «Vamos a actuar de forma subsidiaria para reponer la legalidad, luego ya iremos contra la propiedad» para recuperar esos cerca de 70.000 euros, aseguró la alcaldesa. «Creo que, después de ocho años, es una buena noticia, esperamos que sea algo ejemplar, disuasorio, para que nadie piense que puede hacer lo que le de la gana», añadió.
Luquero recordó que «Hontanilla de Santo Domingo» estaba participada por el entonces concejal del PP, Ángel Sancho, «que se vio obligado a dimitir por el escándalo». «El -dijo- hubiera sido el concejal de Urbanismo si el PP hubiese gobernado, y llegaron a decir que el hecho de construirlos era por si luego se podían legalizar». Luquero hacía referencia a las manifestaciones del también exconcejal y diputado provincial, Manuel González Herrero, que indicó entonces que la intención era enterrar los ‘minipisos’ hasta que una posible modificación del PGOU pudiera legalizarlos en el futuro.
«Ha llegado el momento de reponer la legalidad», afirmó la alcaldesa, quien apuntó que para recuperar esos 70.000 euros «hay un bien que es la propiedad y utilizaremos todos los medios legales en nuestras manos para recuperar ese dinero y que lo pague quien lo tiene que pagar». En relación a una posible expropiación de parte de esa parcela, Luquero indicó que «no he pedido una valoración de la finca, pero imagino que los técnicos están en ello».
Preguntada sobre si asistirá el lunes a supervisar las tareas de derribo, la alcaldesa apuntó: «después de ocho años, voy estar la primera, pero solo un rato, lo justo, y a otro cosa, porque hay que seguir trabajando».
La junta de Gobierno local aprobó la semana pasada la modificación presupuestaria para que el Ayuntamiento pudiera disponer de fondos para acometer las obras; un dinero que se ha rescatado de una partida de señalización y radares fijos, según denunció el PP.
Una sentencia del TSJCyL confirmó una importante sanción por una infracción urbanística muy grave, por la construcción, en una huerta calificada como suelo especialmente protegido, de 46 estudios o pequeños apartamentos de 19 metros cuadrados cada uno, de los que 16 fueron ejecutados. La licencia municipal únicamente amparaba la construcción de un muro de contención.
