Un informe municipal considera que el polémico edificio situado en la calle de La Parra, sobre el que cernían diversas sentencias que ordenaban su derribo, puede ser legalizado si la propiedad cumple con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble.
La casa fue construída sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 16 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), con sede en Burgos, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio.
Con posterioridad, los tribunales, en diversos pronunciamientos, emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble. El litigio llegó hasta el Tribunal Supremo que, el 15 de junio de 2002, rechazó la posibilidad de recurrir la sentencia del TSJ de 1996, que declaró la nulidad de la licencia. También en 2002, y a instancias de la Asociación Amigos del Patrimonio, el Defensor del Pueblo llegó a interesarse por los motivos para que no fuera derribada la casa; una demolición que en origen demandaron los vecinos del edificio de enfrente.
Auto del TSJ
El informe emitido ahora, y al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, responde de forma favorable, desde el punto de vista urbanístico, a la solicitud de legalización del edificio presentada por la propiedad, en los términos del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de 2 de noviembre de 2010. Como se recordará, en aquel auto el tribunal aclaró que el derribo del inmueble era procedente, en virtud a sentencias judiciales anteriores, aunque “sin perjuicio —afirmó entonces el tribunal— de que sea posible la tramitación de un expediente de restauración de la legalidad urbanística”.
No obstante, con posterioridad a este pronunciamiento, el TSJ emitió otro auto, el 18 de abril de 2011, en el que requería al Ayuntamiento a que procediera “sin demora alguna” a la ejecución inmediata del derribo de la edificación, “sin utilizar artificios para retrasar la ejecución” de la sentencia.
Por este motivo, el Ayuntamiento elaboró con urgencia un proyecto de derribo del edificio y una memoria valorada sobre el coste de estos trabajos, que fue aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio y por la junta de Gobierno del Ayuntamiento.
No obstante, a tenor del auto del 2 de noviembre de 2010 —que abría la posibilidad de legalizar la casa de la calle de La Parra— el Gobierno municipal concedió, el pasado 11 de agosto, un mes de plazo a la propiedad para que presentara un proyecto técnico para normalizar la situación del inmueble. Urbanismo considera que el proyecto presentado ahora para la legalización del edificio es “completo y correcto”, aunque, con carácter previo a su aprobación, deben cumplirse una serie de condiciones; como contar con un informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio —a la que se remitirá el expediente— y que la propiedad tramite las licencias ambiental y de apertura para los dos garajes y el local comercial que existe en la planta baja.
Según reza el informe municipal, suscrito por el arquitecto técnico Juan Luis Portillo, todos los procedimientos y resoluciones judiciales “explicitan la posibilidad de legalizar el edificio si se insta la posibilidad de legalización”. Además, entre otros argumentos a favor de la legalización, el arquitecto municipal indica que el edificio cuenta con licencia de primer uso, que la parcela es edificable, y que la edificación se ajusta a las condiciones del entorno “integrándose perfectamente en el mismo”.
Sin impacto
“Desde el punto de vista urbanístico no provoca impacto sobre el patrimonio cultural”, sostiene el técnico municipal, quien, no obstante, admite que ésta es una cuestión que ha de ser evaluada por la Comisión Territorial de Patrimonio, dado que el inmueble se encuentra en el Conjunto Histórico Parcial del Recinto Amurallado de Segovia.
Por último, el informe concluye que en cuanto se disponga del pronunciamiento preceptivo de Patrimonio “procede aprobar la legalización en los términos de la documentación presentada” por la propiedad, aunque, según matiza, deberá hacerse constar en el acuerdo la necesidad de tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para el local comercial y los garajes. Finalmente, los técnicos han destacado una “discrepancia” entre la superficie construída por planta y la total de la parcela, “lo que deberá ser aclarado antes de la legalización”.
Por otra parte, la legalización de la Casa de la Parra puede abrir una nueva fisura en el acuerdo de estabilidad suscrito entre PSOE e IU en el Ayuntamiento. El concejal de IU, Luis Peñalosa, ha reclamado con insistencia el cumplimiento de las sentencias que ordenaban el derribo del inmueble; en sintonía con otros colectivos como “Amigos del Patrimonio”. El Defensor del Pueblo, a requerimiento del Procurador del Común de Castilla y León, inició en 2002 una investigación ante la denuncia formulada por la Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia sobre el “incumplimiento” por parte del Ayuntamiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo de la casa de la calle de La Parra.
Esta asociación apuntó en su día que el edificio fue construido “en violación de varias leyes que protejan la configuración urbana y paisajística de la ciudad de Segovia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.
