El proyecto de reforma de la terminal de autobuses de Segovia está ya terminado. Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo han trabajo en los últimos meses “con intensidad” en este proyecto, redactado conforme a las directrices pactadas con sus homólogos de la Dirección General de Transportes de la Junta de Castilla y León, y del servicio territorial de Fomento en Segovia.
Fuentes municipales indicaron que la previsión inicial es que los técnicos entreguen el proyecto al Gobierno municipal el próximo martes 14 de octubre. El propósito del equipo de Gobierno es presentarlo a continuación, “en el plazo de una semana o diez días”, en la sede de la Dirección General de Transportes, en Valladolid. En concreto, el plan se presentará en la comisión técnica (integrada por técnicos municipales y de la Junta) que diseñó las líneas básicas de este proyecto de reforma, que será financiado, en un principio, al 50%, por el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León.
La concejala de Tráfico y Transportes, María José de Andrés, confirmó ayer, en declaraciones a EL ADELANTADO, que el proyecto está “ya prácticamente terminado” y avanzó que la previsión del Ayuntamiento es que este mismo mes de octubre pueda recibir el visto bueno de la Comisión Técnica que reúne a técnicos de ambas administraciones y, en consecuencia, ser aprobado por la junta de Gobierno local. El siguiente paso sería la firma del convenio para la cofinanciación del proyecto y la licitación de las obras, que arrancarían en el mes de febrero o marzo, para prolongarse por espacio de entre 20 días y un mes.
El propósito del Gobierno municipal pasa también por presentar el proyecto a las empresas de autobuses que operan en la instalación y a los vecinos del bloque de viviendas que se asienta sobre la terminal. La consulta a los vecinos se producirá, según indican fuentes municipales, porque, como se sabe, la intervención será también aprovechada para retirar la marquesina anclada sobre el edificio y que los tribunales obligaron a desmantelar, precisamente a raíz de las demandas judiciales presentadas por la comunidad de propietarios del inmueble.
De Andrés recalcó que el Ayuntamiento está “cumpliendo” los plazos del cronograma pactado en la primera reunión celebrada en Valladolid con los técnicos de la Junta. Tras la presentación de este proyecto ‘básico’ y recibido el visto bueno de los técnicos regionales, Ayuntamiento y Consejería de Fomento de la Junta deberán suscribir un convenio para la financiación de las obras, que asumirá la administración regional, al menos, en un 50%. La concejala eludió detallar el coste de ejecución del proyecto conjunto, si bien otras fuentes, consultadas por este diario, apuntaron que la inversión podría superar el millón de euros.
Las obras contemplarán, en primer lugar, la retirada de la marquesina anclada al edificio, en cumplimiento del pronunciamiento de los tribunales, una actuación que asumirá el Ayuntamiento con fondos propios y que supondrá un gasto entre 50.000 y 70.000 euros, según admitió la alcaldesa, Clara Luquero, el pasado mes de junio. La retirada de esta marquesina obligará a remodelar las puertas de acceso de los pasajeros a la campa. Uno de los aspectos más llamativos de la reforma será la instalación de una carpa ligera y respetuosa con el entorno para la cubrición de la campa. El proyecto incluirá la dotación de suficientes dársenas para el aparcamiento de los autobuses, además de la incorporación de todos los sistemas antiincendios que exige la ley.
Los trabajos no incluirán el levantamiento de toda la explanada de la campa para su impermeabilización, aunque sí las obras precisas para zanjar las filtraciones de agua que, según un informe redactado por un perito independiente, podrían afectar, a largo plazo, a la estructura de esta zona de la instalación.
El objetivo del Ayuntamiento es que la terminal obtenga la categoría de estación de autobuses, lo que le permitirá cobrar tasas a las empresas de transporte que en ella operan y contribuir, con estos fondos, al mantenimiento de una terminal donde, en la última década, se han gastado cantidades millonarias, con pobres resultados, incluía la instalación de la polémica marquesina, anclada al edificio de viviendas, que los tribunales han declarado ‘ilegal’.
