El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento, Cosme Aranguren, formuló una pregunta en el último pleno para aclarar aspectos relacionados con el expediente urbanístico abierto por la construcción de una vivienda en una huerta del barrio de San Lorenzo propiedad del exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses.
Pocos minutos antes de que concluyera la sesión, Aranguren hizo una curiosa introducción en la que afirmó que “desde este grupo municipal estamos seguros de que compartimos con la señora alcaldesa y su equipo de Gobierno un criterio básico del estado de derecho que propugna la tan criticada Constitución del 78, que no es otro que el principio de igualdad ante la Ley. Estamos convencidos de que la señora alcaldesa defiende, por convicción democrática, que todos, sea quien sea cada uno, somos iguales ante el imperio de la Ley y, como estamos convencidos y no encontramos respuestas lógicas a las dudas que nos embargan, sabiendo perfectamente que a usted, doña Clara, no le va a temblar el pulso en el ejercicio de las competencias que la Ley le atribuye de forma expresa, desechando no ya cualquier sospecha de poso ideológico sino de connivencia ideológica, necesitamos que nos responda a la siguiente cuestión que crea zozobra en la credibilidad que le mantenemos”.
A partir de ahí enumeró un total de cuatro cuestiones, empezando por preguntar si es lógico que haya transcurrido más de un año entre unas actuaciones y otras en el citado expediente, lo que puede llevar a la prescripción. En ese caso, Aranguren quiere saber si se incoará un expediente de responsabilidad a los funcionarios que lo instruyeron, y si se aplicará una sanción que podría alcanzar los 300.000 euros, según comentó en el pleno.
También cuestionó por qué se excluye del expediente a Aragoneses “a pesar de que resulta titular de los terrenos y del préstamo hipotecario que grava la finca” y, por último, planteó una pregunta sobre el tratamiento de la citada huerta dentro del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS).
Como se recordará, Aragoneses fue denunciado por el arquitecto y el arquitecto técnico condenados por la construcción de miniapartamentos ilegales en otra huerta del valle del Eresma. Pero el proceso penal contra el exconcejal y su pareja fue cerrado por la Audiencia Provincial en 2013, ya que los magistrados no apreciaron delito. Sin embargo, los tribunales sí han reconocido un incremento de volumen en la vivienda superior al recogido en la licencia municipal que, por cierto, solicitó la pareja del exconcejal y no él. Eso daba lugar a la posibilidad de iniciar un expediente administrativo en el seno del Ayuntamiento de Segovia, una vez cerrada la vía judicial.
Desde el Ayuntamiento de Segovia informaron ayer a El Adelantado de que por deferencia a los ciudadanos no es pertinente que las preguntas formuladas por los electos en el pleno se respondan a través de los medios de comunicación de forma anticipada. Además, añadieron que “tampoco es posible dar información concreta, a través de esta vía, de la situación particular de algún ciudadano”.
