Unión, Progreso y Democracia (UPyD) reclamó ayer la inmediata dimisión de los antiguos consejeros de Caja Segovia que ostentan en la actualidad cargos públicos de responsabilidad, tras conocerse la petición al Juzgado de la Fiscalía de tomarles declaración como imputados.
UPyD, partido a cuya instancia se abrió la investigación penal por los planes de pensiones y prejubilaciones aprobados para el equipo de alta dirección de la entidad, solicitó asimismo a los partidos políticos que suspendan con urgencia la militancia de los cargos imputados hasta que se diriman las responsabilidades que han servido de base a la Fiscalía para llamarles a declarar.
En un comunicado recogido por Europa Press, la organización de Rosa Díez opina que, «en aras de la regeneración democrática que tan imperiosamente exige la sociedad hoy en día», éstos deberían dimitir inmediatamente de sus cargos y defenderse desde fuera de las instituciones, ya que según indica «con esta citación en calidad de imputados comienza a quedar claro su implicación en el oscuro asunto de las prejubilaciones millonarias».
UPyD recuerda las cifras que de acuerdo a sus propios estudios fueron adjudicadas a los directivos con el beneplácito del Consejo de Administración para su prejubilación, que suman más de 34 millones de euros entre ocho personas. La mayor parte, casi 15 millones, fue aprobada para Manuel Escribano, según los derechos consolidados totales que figuran a 31 de diciembre de 2010.
«Los directivos se desentendieron de la gestión de la entidad en sus últimos años con el único fin del enriquecimiento propio y totalmente desproporcionado en una serie de maniobras financieras donde, aparte de subir sus propios sueldos de manera impropia dada la situación de la entidad, dotaron millones de euros en fondos para cubrir estas pólizas que garantizasen sus planes de pensiones y prejubilaciones, aun a sabiendas de que colaboraban a la ruina de la propia caja de ahorros», insiste UPyD.
La formación remarca que los exconsejeros son responsables, tanto por acción como por omisión, no sólo por aprobar las operaciones, sino además por la «grave dejación de sus funciones», puesto que según advierte «fueron incapaces de prever y evitar tales maniobras y de actuar en beneficio de los verdaderos accionistas de la Caja, los impositores a los que se suponía que representaban y salvaguardaban».
UPyD se congratula por que la Justicia finalmente vaya avanzando en sus investigaciones para poder clarificar las operaciones de los últimos meses de existencia de Caja Segovia, que según resalta «pasó de ser una entidad modélica en su gestión y solvente a una fundación en ruinas y con todo su patrimonio expoliado».
