La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) interpondrá demandas de carácter individual para reclamar a las industrias lácteas en los juzgados el dinero que «sisaron» a los ganaderos de vacuno de leche por una serie de conductas ilícitas cometidas entre los años 2000 y 2013 por las que han sido sancionadas ya por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) con una multa de 80 millones de euros.
Según argumenta el secretario regional de UPA, Aurelio González, esta multa, que fue ratificada el pasado 11 de julio, abre la posibilidad ahora a reclamar en los juzgados los «daños y perjuicios» que sufrieron los ganaderos –6.659 explotaciones de vacuno en 2000 y 2.061 en 2013 en Castilla y León– como consecuencia de una estrategia conjunta cuyo objetivo era controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca a través de la coordinación de precios o la restricción de la libertad de los productores.
«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», advirtió Aurelio González quien, tras reprochar la reincidencia de las empresas lácteas en estas «prácticas ilegales» por las que han sido sancionadas en dos ocasiones, asegura que UPA estará «vigilante» para que las posibles consecuencias judiciales no repercutan en el precio que pagan a los cerca de 1.200 ganaderos que quedan en la actualidad.
González animó a acudir a los tribunales a todos los ganaderos, bien en activo o ya en cese de actividad, que se sientan afectados por las prácticas «injustas, inmorales e ilegales» de unas industrias lácteas que han «metido la mano en el bolsillo» de los productores a modo de «puñalada trapera». «A estos señores –las industrias– no les ha importado desmantelar un sector puntero en Castilla y León», lamentó González para ironizar también sobre los discursos y las medidas de los políticos para luchar contra la despoblación en España mientras un sector que fija población ha llegado a perder 333 productoras al año, a razón de casi uno al día.
UPA apeló a su «coherencia», a su «responsabilidad» y a su «compromiso» para entrar ahora en un proceso judicial que inició precisamente esta OPA hace nueve años tras un estudio de los servicios de la competencia de Castilla y León ante posibles comportamientos ilícitos por parte de las industrias lácteas. A partir de este momento, la OPA encargará una prueba pericial para demostrar los daños sufridos por cada ganadero desde que la CNMC advirtió de dichas irregularidades.
