La renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, que deben sustituir a los cuatro magistrados que concluyen su mandato hoy, permitirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy asegurarse una mayoría de carácter conservador en la institución, que tendrá que pronunciarse sobre asuntos clave como la reforma laboral, el euro por receta, la no revalorización de las pensiones o la declaración soberanista del Parlamento catalán. El tribunal de garantías deberá analizar también la supresión de la paga extra de los funcionarios, las tasas judiciales o el recurso del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.
El proceso soberanista que se ha abierto en Cataluña será uno de los temas clave del nuevo TC. Por el momento, ya ha admitido a trámite la impugnación que presentó la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento regional que hablaba de la «soberanía del pueblo catalán». El Gobierno también anunció que va a llevar al alto tribunal la constitución del Consejo Asesor para la Transición Nacional que trabaja en la eventual creación de un Estado independiente. Es posible que la Ley de Consultas que se tramita en este momento en la entidad autonómica también sea objeto de recurso.
Durante este año y medio de Gabinete del PP, los grupos de la oposición, en especial Ferraz, han llevado al TC numerosas medidas. Así, el PSOE e Izquierda Plural presentaron en octubre del año pasado un recurso contra la reforma laboral. La decisión del Ejecutivo de no revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC también está en manos de esta entidad después de la iniciativa que presentaron en febrero los socialistas y otros grupos parlamentarios de la oposición.
El tribunal de garantías deberá resolver también los recursos sobre el euro por receta. En diciembre de 2012, Moncloa recurrió esta medida aprobada por la Generalitat de Cataluña y, al mes siguiente, hizo lo mismo con una iniciativa idéntica que sacó adelante la Comunidad de Madrid.
Conviene recordar que el boque que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba ha llevado también al Constitucional la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas, conocida como amnistía fiscal. Además, los socialistas plantaron batalla contra la Ley de tasas judiciales y la reforma posterior de esa normativa a través de decreto ley. También utilizaron la misma fóprmula contra el último sistema de elección de RTVE en junio de 2012.
Igualmente, Ferraz anunció su intención de llevar al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Costas que ha promovido el ministro Miguel Arias Cañete.
Una vez que pasen a formar parte de la sala los últimos miembros designados por el Gobierno -Enrique López y Pedro González Trevijano- y los que ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial -Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares-, el resto de plazas a renovar son las del actual vicepresidente Ramón Rodríguez-Arribas, que fue designado a propuesta del PP, y la de Manuel Aragón Reyes, quien, puesto por el PSOE, en varias ocasiones ha votado con el bloque conservador en asuntos de trascendencia política como aspectos concretos del Estatut catalán o la legalización de Sortu.
Como nuevo presidente de la institución garante de la Carta Magna las apuestas señalan a Francisco Pérez de los Cobos, catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad designado a propuesta del PP en diciembre de 2010, dentro del cupo correspondiente al Senado. El otro nombre que podría tener opciones para este puesto, por ser también uno de los magistrados conservadores más antiguos, es el del expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, pero parece descartado por razones personales.
En cualquier caso, el grupo de tendencia afín al Partido Popular integrado por los ya magistrados De los Cobos, Hernando, Juan José González Rivas, Andrés Ollero más tres designados en el turno del CGPJ y el Gobierno, hacen de éste una facción fuerte frente a un ala de tendencia más progresista encabezada por Adela Asúa, Juan Antonio Xiol, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, además de la nombrada con el apoyo de CiU Encarnación Roca.
