Las Cortes pidieron ayer a la Junta de Castilla y León la presentación del plan regional de cuidados paliativos con la «mayor prontitud», propuesta socialista a la que se unió el Grupo Mixto y el Grupo Popular, pese a que en su primera intervención la procuradora María Canto Benito Benítez argumentó que el plan está elaborado y el voto de su grupo sería negativo.
Benito Benítez presentó una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista en la que defendió su aprobación por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes en fase terminal avanzada, con la inclusión del compromiso de ampliar las unidades hospitalarias existentes cuando la situación económica y las entidades presupuestarias lo permitan. El parlamentario socialista Javier Expósito no aceptó el texto de la enmendante y cuestionó que los populares reconozcan que se debe «ir a más» y lo condicionen a los presupuestos.
De esta forma, Javier Expósito enmarcó la proposición no de ley en el padrón demográfico de la población de Castilla y León y recordó que, además del número de personas que fallecerán por motivo de este cáncer, está el aumento de pacientes con enfermedades crónicas y también de degenerativas. «Los cuidados paliativos son un elemento cualitativo esencial del sistema de salud», subrayó durante su intervención el pleno el procurador socialista.
La formación básica en cuidados paliativos de todos los profesionales sanitarios y el desarrollo de programas específicos con profesionales capacitados y la posibilidad de intervenir en todos los niveles asistenciales fueron otros argumentos expuestos por Expósito.
Comprometido
Su petición se centró en urgir un plan que comprometió el anterior consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, y en criticar que ahora se hable de la disponibilidad presupuestaria, conforme a la propuesta que realizó Benito Benítez, no asumida por el socialista. «Es grave que el PSOE no admita la enmienda», concluyó.
Por el contrario, recibió la proposición no de ley el apoyo del Grupo Mixto, quien a través del procurador de Izquierda Unida, José María González, vio necesario ese plan regional y recordó que se hablaba de personas que están en fase terminal. De la misma forma, José María González lamentó que no exista una normativa estatal con un tratamiento igual en todas las comunidades autónomas.
