José Ángel Rodríguez Chacopino, víctima de un atentado perpetrado por el etarra Uribetxeberría Bolinaga en julio de 1987 y en el que murieron dos guardias civiles, anunció ayer que en los próximos días comenzará junto a otras -parece que siete- una huelga de hambre a las puertas del Ministerio del Interior para presionar al Gobierno del mismo modo que, a su juicio, lo han hecho los presos terroristas: «El PP nos ha traicionado». «A ver qué le parece a Fernández Díaz que nos plantemos allí y que salga el sol por donde salga», anunció el agente de la Benemérita.
El 14 de julio de 1987, Chacopino iba con 14 compañeros del Cuerpo agrupados en cuatro vehículos. Al paso del convoy por la localidad guipuzcoana de Oñate, un artefacto cargado con 20 kilos de goma 2 hizo explosión acabando con la vida de dos agentes de 26 y 32 años de edad. Por estos hechos -sin sumar el secuestro de Ortega Lara-, Bolinaga fue condenado en 1999 a 145 años de cárcel.
«Yo viajaba en ese convoy en el que atentaron y murieron Pedro Galnares y Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, además hubo dos heridos muy graves. Luego ante el magistrado, Uribetxeberria lo negó todo, nunca se ha arrepentido ni ha colaborado con la Justicia», recordó.
Por ello, ante la concesión del tercer grado concedido por Interior para el terrorista y su posible excarcelación, esta víctima decidió echarle su particular pulso al Estado: «Ellos, para intentar sacar a un asesino, se han puesto en huelga de hambre, y el Gobierno del PP, en el que confiábamos, va de la mano del PSOE, que nos traicionó y nos vendió. Hace lo mismo, lleva la misma hoja de ruta».
«No estoy dispuesto a que salga a la calle por una enfermedad irreversible. El reglamento penitenciario contempla que se podría dar la libertad condicional a una persona terminal, pero este terrorista está grave, no terminal», recalcó Rodríguez Chacopino, que denunció que «hay entre 700 y 800 presos sin delitos de sangre y con enfermedades graves, y a ninguno se le han aplicado estas condiciones».
A este respecto, el titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, defendió que, si no hubiera tomado la polémica decisión, hubiese caído en un delito de prevaricación.
Por su parte, desde Instituciones Penitenciarias, se recordó que la ley sí permite otorgar un tercer grado penitenciario a un recluso que se encuentre afectado por una patología grave o incurable sin la necesidad de que se encuentre en estado terminal.
Mientras, el responsable de este organismo, Ángel Yuste, recibió ayer una carta de Antonio Salvà, padre de Diego Salvà, uno de los dos guardias civiles asesinados durante el atentado de ETA perpetrado en Palmanova hace tres años, en la que le exige que «vaya a tomar el pelo o a engañar a otros».
