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Una sentencia rebaja el coste económico del derribo de los miniapartamentos ilegales

por Redacción
3 de junio de 2016
El derribo de las construcciones se ejecutó a finales de 2014. / Kamarero

El derribo de las construcciones se ejecutó a finales de 2014. / Kamarero

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El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, que en los últimos días está actuando como alcalde accidental por la ausencia de la alcaldesa por motivos personales, informó de que una reciente sentencia declara ajustado a derecho el derribo de los miniapartamentos ilegales construidos por la sociedad Hontanilla de Santo Domingo en una huerta del valle del Eresma. Sin embargo, el fallo judicial sí corrige a la baja el coste de las obras que el Ayuntamiento ejecutó subsidiariamente a finales de 2014.

“Lo que hace la sentencia es un reajuste del coste de la obra realizada”, aseguró Reguera ayer después de la habitual Junta de Gobierno Local de los jueves, en la que el Gobierno municipal y los portavoces de la oposición fueron informados de las últimas sentencias derivadas de procedimientos en los que es parte el Ayuntamiento.

Según el edil de Urbanismo, los responsables de la sociedad infractora cuestionaban tanto la legalidad de la medida adoptada por el equipo de Gobierno municipal, como la cantidad económica que debe reembolsar como consecuencia de la actuación de reposición de la legalidad urbanística.

Reguera comentó que la cantidad reclamada por el Ayuntamiento ascendía a 194.300 euros, mientras que el juzgado la ha reducido a 60.141,90 euros, al estimar que deben tenerse en cuenta únicamente las obras propias de derribo y no el reacondicionamiento posterior de la parcela.

Como se recordará, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Segovia, con competencia en Mercantil, dictó auto de declaración de concurso de acreedores de la sociedad Hontanilla de Santo Domingo en enero del año pasado.

Entre los acreedores se encuentra el Ayuntamiento de Segovia, que además del coste del derribo de las construcciones ilegales reclama la sanción impuesta a la empresa por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por irregularidades urbanísticas graves.

Una sentencia del tribunal autonómico confirmó en enero de 2013 la ilegalidad de los miniapartamentos construidos y elevó la infracción a la categoría de “muy grave”, con multas por un valor conjunto de 350.000 euros a la promotora, al arquitecto y al arquitecto técnico, de los que 250.000 euros corresponden a la citada sociedad. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que había presentado Hontanilla de Santo Domingo a este fallo del TSJ.

El Ayuntamiento de Segovia paralizó las obras ejecutadas en el año 2006 al detectar la construcción de 46 miniapartamentos —16 ya acabados y otros 30 más en obras— aprovechando el espacio interior de unos muros de contención. La huerta está calificada en la normativa urbanística como espacio rústico especialmente protegido y amparado como paisaje pintoresco desde el año 1947.

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