Los equipos psicopedagógicos de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León deberán desalojar el antiguo colegio Martín Chico y trasladarse a otro edificio. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con sede en Valladolid, en respuesta a un recurso presentado por el Ayuntamiento, considera que esta actividad no supone un uso educativo del inmueble, y, en consecuencia, autoriza que el antiguo colegio revierta al municipio, que proyecta su transformación en un centro cívico y cultural para el barrio de San Lorenzo.
Al término de la junta de Gobierno local, el alcalde, Pedro Arahuetes, informó ayer del pronunciamiento del tribunal y reclamó al delegado territorial, Luciano Municio, que pidiera «disculpas» al movimiento vecinal de San Lorenzo por haber «incumplido su promesa» de devolver el inmueble al Ayuntamiento si así se lo requería el propio alcalde.
Hace ahora cuatro años, en noviembre de 2006 el Gobierno municipal solicitó a la Junta de Castilla y León la «desafectación» y reversión del inmueble al Ayuntamiento al entender que el edificio, situado en la calle Puente de San Lorenzo, ya no era utilizado como colegio público y, en consecuencia, había perdido el uso educativo que permitía su ocupación por parte de la administración regional.
La petición se formuló después de que Municio mantuviera una reunión con representantes del movimiento vecinal del barrio a quienes, al parecer, trasladó que la Junta no tendría inconveniente en abandonar el inmueble si así lo solicitaba el Ayuntamiento.
Sin embargo, la Junta, en enero de 2007, negó la petición municipal en el argumento de que el antiguo colegio Martín Chico seguía utilizándose con fines educativos, como sede de los equipos psicopedagógicos de la Dirección Provincial «que realizan una atención directa a alumnos y padres», a unas 45 personas, según aseguró en su día el propio Municio, quien hizo hincapié en la «ignorancia del alcalde en relación con la importantísima labor de estos equipos».
Arahuetes, con el respaldo de la sentencia, admitió que no había olvidado aquellas declaraciones del delegado efectuadas en 2007. «La ignorancia del alcalde se convierte ahora en ignorancia de la Junta», apuntó Arahuetes, quien remarcó que, de acuerdo con el tribunal, los equipos psicopedagógicos «no son una actividad educativa, sino otra cosa».
Para el alcalde, «lo importante» es que el antiguo colegio Martín Chico «vuelve» al Ayuntamiento y que los profesionales de la Junta «deberán irse a otro edificio» porque «éste ya no es un colegio». Arahuetes pidió a Municio «un gesto de humildad y coherencia» y que pida «disculpas» a los vecinos y ordene el traslado del equipo de psicopedagogía para que el Ayuntamiento pueda destinar el inmueble a fines culturales para el barrio de San Lorenzo.
Cabe recurso
El alcalde admitió que contra la sentencia cabe un recurso de casación, aunque «los argumentos del tribunal son muy sólidos y lo único que haría la Junta si decide continuar con la vía judicial sería retrasar la entrega del inmueble, lo que provocaría un gran malestar entre los vecinos».
Arahuetes indicó ayer que, lejos de buscar enfrentamientos, el Gobierno municipal persigue una solución «amistosa» con la administración regional. «Quiero tender la mano y alcanzar una solución amistosa con el delegado territorial», dijo Arahuetes. En este sentido, el alcalde apostó por mantener una reunión este mismo mes con los responsables de la Junta para tratar el tema del desalojo del inmueble. «No pondremos plazos, el tiempo que ellos necesiten, como si necesitan todo este curso», añadió.
Para Arahuetes, «lo importante es sentarnos y hablar para marcar los plazos para desalojar el edificio, al mismo tiempo que nosotros nos fijamos un calendario para adecuarlo a centro cultural (…) se abre un nuevo camino, no sabemos si corto o largo, pero espero que la Junta recapacite después de este varapalo y las cosas se hagan lo más rapidamente posible».
