El alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, dio a conocer hoy una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia en la que se consideran «ajustadas a derecho todas las resoluciones, que no son pocas», adoptadas por el Ayuntamiento en este caso, que incluyeron la paralización de las obras y la imposición de sanciones a los responsables de las mismas.
La sentencia determina que las obras, que crearon «soluciones vivenciales» en el interior de lo que debían ser unos muros de contención, no se ajustan a la licencia concedida, y no puede entenderse que concurra un interés público, como habían sostenido los promotores, alegando que los miniapartamentos se iban a alquilar a alumnos de la entonces Universidad SEK; por todo ello, el juez entiende que «procede la demolición».
El jues sí estima parcialmente el recurso en lo que se refiere a las sanciones económicas, rebajando la sanción impuesta por el Ayuntamiento a la promotora, de 540.910 euros, hasta 40.500; y al arquitecto, desde 315.531 a 23.625 euros.
En cualquier caso, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y de hecho el alcalde ya ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá, al no estar de acuerdo con las sanciones económicas, ya que continúan sosteniendo que se trata de una infracción muy grave, y no solo grave, como entiende la sentencia.
Arahuetes hizo además hincapié en la vertiente política del caso, por el que dimitió el concejal del PP Ángel Sancho. «La sentencia señala que los promotores estaban esperando que un cambio posterior en el planeamiento urbanístico hiciese posible legalizar los miniapartamentos, y eso solo es posible si gobiernas la ciudad; el PP no se puede ir de rositas».
