No rebasar las últimas líneas rojas tiene un precio. Y es que el Gobierno tuvo que aprobar ayer un acuerdo para la disposición de excedentes presupuestarios por valor de 3.063 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la popularmente conocida como hucha de las pensiones, para resolver problemas de tesorería del sistema. Así lo avanzó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a los PGE de 2013.
El importe de esta disposición se destinará con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones contributivas así como a los demás gastos necesarios para su adecuada gestión.
Conviene recordar que el pasado mes de agosto, el Gabinete de Rajoy ya recurrió al Fondo de Prevención y Rehabilitación, del que tomó 4.400 millones para resolver también problemas en las maltrechas arcas de la Seguridad Social, cuya situación es alarmante, máxime cuando el problema de la economía sumergida no se ataja.
Asimismo, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la preocupación por la estabilidad presupuestaria del sistema ha llevado al Ejecutivo a renunciar a bajar las cotizaciones a las empresas este año. En el decreto de ajustes del pasado mes de julio se había previsto reducirlas en un punto en 2013, y otro adicional en el ejercicio posterior.
En cualquier caso, el político andaluz recordó que el Fondo de Reserva está para usarlo en un momento como el actual, en el que ha bajado «muchísimo» el número de cotizantes.
En este sentido, explicó que la Seguridad Social recibe menos contribución directa, lo que hace que haya que recurrir a la hucha a pesar de las ayudas del Estado. «Esta es la respuesta. El fondo está para eso», apostilló.
A juicio de Montoro, no es algo «tan extraordinario», ya que, en su origen, esta reserva fue creada para garantizar la viabilidad del sistema y el pago de las jubilaciones a los ciudadanos.
Según el Gobierno central, al recurrir al fondo se cumple el compromiso del Pacto de Toledo de proteger a los retirados en los momentos bajos del ciclo económico.
Además, el Ejecutivo hace frente así a los efectos de la crisis económica sobre el sistema de pensiones, ya que la caída de los ingresos acumulada en los últimos años, unida al incremento de gasto, ha provocado el cierre de dos ejercicios consecutivos en déficit (2010 y 2011). También se tuvo en cuenta que la ley prevé únicamente un mínimo de 18 meses para acceder a la financiación de los excedentes del Fondo de Reserva.
Por otro lado, el Gobierno planteará una serie de propuestas al Pacto de Toledo antes de que acabe el año para reformar el sistema de pensiones. Como adelanto de la nueva estrategia, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que plantearán medidas para mejorar la edad efectiva de jubilación y el factor de sostenibilidad, siguiendo así la línea de las recomendaciones del Consejo Europeo.
El objetivo, según el dirigente madrileño, será elevar la edad efectiva de retiro para acercar la edad real a la legal a través de modificaciones en la cesación laboral anticipada y en la parcial.
Por ello, se analizará el factor de sostenibilidad del modelo actual para considerar los parámetros que hay que adecuar, como la esperanza de vida, que son «fundamentales» para garantizar su viabilidad. Así, antes de que expire 2012, el Gobierno avanzará en medidas como la modernización del sistema de jubilaciones, mediante la regulación del factor de sostenibilidad, como garantía de su puesta en funcionamiento.
Las reacciones no se hicieron esperar. Así, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, subrayó que se oponen a que el PP «toque la hucha de las pensiones, porque ese fondo de reserva se creó para hacer frente a las situaciones de déficit estructural, no para unas transitorias de liquidez». También enfatizó que es la primera vez que se toca este mecanismo, destacando que Rodríguez Zapatero «engrosó ese colchón desde los 15.000 millones de euros que había cuando llegó hasta los 67.000 millones que dejó en 2010».
Desde Ferraz se calificó la propuesta del Ejecutivo de «los presupuestos de la depresión», en tanto que IU los tachó de «usureros».
