Es media mañana. A la puerta del Juzgado de lo Penal de Segovia, en la calle Fernán García, cuatro jóvenes de etnia gitana, dos varones y dos mujeres, y un bebé de pocos meses, parecen esperar. Dentro informan de que el primero de los juicios señalados ayer, por hurto, se ha suspendido. No indago las causas, es relativamente frecuente y suele deberse a la incomparecencia de algún testigo, del acusado o los acusados e incluso de los letrados o, rara vez, la representante del Ministerio Fiscal (casi todas las fiscales de Segovia son mujeres).
En la sala de espera hay tres personas. Un hombre de nacionalidad búlgara de edad indefinida —entre los treinta y muchos y los cuarenta y alguno—, una letrada rubia y un señor que resulta ser agente de la Guardia Civil. Hay señalado un juicio por dos delitos de falsedad documental.
Una funcionaria del juzgado comenta que enseguida llega la fiscal, que, como el juicio anterior se ha suspendido, ha salido a tomar un café. La abogada rubia comenta que de mayor quiere ser fiscal y el de la Benemérita alega que prefiere ser Botín. La letrada añade, a continuación, por si las moscas, que las fiscales de Segovia son muy currantes y “se puede hablar con ellas”.
De hecho, la mañana resulta propicia para su defendido, el búlgaro, porque la fiscal se aviene a un acuerdo y rebaja las penas que inicialmente pensaba solicitar. La letrada explica al acusado detalladamente y con palabras sencillas el resultado de la negociación: Si inicialmente se enfrentaba, por un lado, a una multa de más de 5.000 euros por conducir sin un permiso válido, ni en España ni en su país de origen, ahora se conmuta por cincuenta días de trabajos en beneficio de la comunidad. Por el otro delito, falsificación de documento público (cambió la placa de matrícula del vehículo que conducía cuando fue interceptado por la Guardia Civil), la representante del Ministerio Público acepta rebajar la pena de nueve a seis meses de prisión y la multa correspondiente en la misma proporción, por lo que tendrá que hacer frente a una cuantía de algo más de mil euros.
Obviamente, el presunto delincuente se conforma con estos nuevos castigos en presencia de la magistrada.
Este tipo de acuerdos legales, conformidades, son también relativamente frecuentes. Ahorran tiempo y recursos a la Administración de Justicia.
El tercer juicio de la mañana es por un robo con fuerza. Los jóvenes que esperaban en la puerta exterior del juzgado ocupan la sala de espera. La criatura comienza a llorar y su madre la calma como por encanto entonando una hermosa nana gitana. La niña duerme pero al poco su progenitora cae en la cuenta de que se ha dejado el biberón fuera. El padre sale y regresa con un cochecito y toda la parafernalia necesaria para la alimentación de la pequeña, que ese día almuerza en el juzgado, ajena al drama que vive la familia.
Pero también en esta ocasión hay acuerdo. El asunto a juzgar es un robo con escala perpetrado en 2010 por los dos varones en unas instalaciones municipales. Finalmente se conforman con el pago de una multa de 900 euros cada uno. Antes, en la sala de espera, la letrada de los acusados les informa de que la magistrada puede aceptar que el pago se realice a plazos, aspecto en el que la madre de la criatura insiste en repetidas ocasiones; se deduce que los recursos con los que cuentan son muy escasos.
falta de respeto Poco después de las 13,30 horas comienza la única vista oral de la mañana, con testigos y todo. Las partes mantienen posiciones contrapuestas y un hombre, cuyas iniciales son J. C. A. D. puede ser condenado a pagar una multa superior a los 5.000 euros por un delito contra la seguridad del tráfico y una falta precisamente por faltar el respeto a la autoridad. La historia ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando la centralita de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía recibió la llamada de la responsable de un estanco de una céntrica calle de la ciudad denunciando que un cliente estaba armando alboroto en el establecimiento.
En torno a las diez de la mañana dos agentes de la Policía Nacional acuden al estanco y comprueban que el alborotador ya se ha marchado. Lo encuentran en una calle cercana y, según su testimonio, al volante de un vehículo, realizando la maniobra de marcha atrás. Uno de los agentes declaró ayer en el juicio que se encontraba en medio de un cruce, entorpeciendo el paso, sacando un brazo por la ventanilla y, en ocasiones, tocando el claxon. El otro se limitó a decir que “daba marcha atrás, frenaba y volvía a dar marcha atrás”.
Ambos señalaron también que parecía estar bajo los efectos del alcohol, con las facultades muy mermadas para conducir, por lo que dieron aviso a la Policía Local, que fue la que realizó la prueba de alcoholemia, positiva, al acusado.
Los policías sostuvieron que en ese momento les insultó llamándoles “maricones, que no tenéis cojones, sois unos niñatos y habéis tenido que llamar a los otros policías, hijos de puta”.
Por su parte, el acusado y una amigo que le acompañaba ese día en el coche, afirmaron que el coche permaneció estacionado y en ningún momento lo puso en marcha “porque me encontraba mal, estaba borracho y quería descansar”, en palabras de J. C. A. D.
La letrada de la defensa pide la libre absolución alegando presunción de inocencia y al considerar que los testimonios de los agentes son contradictorios, mientras que el acusado ha mantenido siempre lo mismo, primero en la declaración ante la Policía Local, posteriormente en el juzgado de instrucción y finalmente en el juicio. En cuanto a la falta, pide que se tenga en cuenta que su defendido ha acreditado estar en paro y no cobra ninguna prestación.
Una mañana en el Penal, con interrupciones teléfonicas durante este último juicio, incluida una surrealista e inesperada interpretación del himno de la Real Sociedad desde un móvil, para enfado de la magistrada.
La maquinaria de la Justicia no para. Por ejemplo, en solo diez días de este mes de octubre se han fijado en este juzgado más de cuarenta juicios, en gran parte por violencia de género y por delitos contra la seguridad del tráfico, pero también por lesiones, robos con fuerza, delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), apropiaciones indebidas, quebrantamientos de condena, resistencia a la autoridad, etc., etc. La secretaria judicial ya se está plantenado adelantar el horario de su inicio para celebrar cinco o hasta seis vistas diarias.
