A una gran parte de los casi cinco millones de parados nacionales poco o nada les preocupa si los salarios deben de estar ligados al IPC o a la productividad. Ellos se colocan en las hileras de los desocupados a las puertas de las oficinas del INEM con la esperanza de encontrar una salida a su situación. Su guerra es otra, porque necesitan hechos que les saque de una realidad para la que, aparentemente, nadie está preparado.
De ahí que la visita de Angela Merkel a España, tan fugaz como, en principio, eficaz, les diera lo mismo. ¿Qué les soluciona que las breves palabras de la canciller alemana, que recibieron un sinfín de felicitaciones, estuvieran adornadas con un buen número de consejos y advertencias sobre cuáles son los pasos que el Gobierno socialista de Zapatero debe seguir?
Sin embargo, lo que la política alemana propuso es, aparentemente, fácil: desvincular los convenios colectivos del incremento del IPC y, a cambio, supeditar los incentivos salariales a conceptos como productividad o beneficios empresariales. Claro que lo que no comentó Merkel es que la media salarial de su país es de 40.000 euros brutos al año, mientras que en España es de 21.500, casi la mitad.
Arturo Fernández, número dos de la CEOE, defendió rápidamente la postura de Berlín. Y como él, el ex presidente del Ejecutivo, Felipe González. A ambos se les fueron sumando, entre otros, el socialista Pedro Solbes, o el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, que tachó de «residuo» y «obstáculo» ligar salarios al IPC. Del mismo modo lo destacaba hace unos días un informe del servicio de estudios del BBVA.
Últimamente, hasta el mismísimo Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, apostó por una fórmula híbrida para que el empleado «no pierda poder adquisitivo», matizó.
No obstante, y como era de esperar, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, puso el grito en el cielo ante tal posibilidad. Aunque todos se las prometían muy felices para que la reforma laboral, vendida como un gran pacto social, llegase a buen puerto, empiezan a surgir las divergencias entre patronal, Ejecutivo y sindicatos, a las que hay que sumar las opiniones de tertulianos y ex políticos. Y es que la batalla no ha hecho más que comenzar.
Fernández, vicepresidente de la CEOE, asegura que ligar los salarios a la productividad es «imprescindible» y, aunque reconoce que es un tema «complicado», pide a los representantes de los trabajadores que miren esta cuestión «con buenos ojos». Además, asegura que ahora es el momento de las reformas porque «se ha acabado el café para todos», en el sentido de que el modelo vital de los últimos 15 años debe ser cambiado por otro que sea sostenible. «Estamos en el siglo XXI y tenemos que ser más productivos y competitivos y empezar a cambiar el chip y eso requiere reformas», sostiene.
Por su parte, el sindicalista Cándido Méndez cree que la patronal se ha metido en «un camino complicado al defender la propuesta de la canciller alemana, porque se las exigiría una «mayor transparencia sobre su gestión y beneficios».
Mientras continúa el combate de palabras entre unos y otros, la tasa de desempleados aumenta y José Luis Rodríquez Zapatero, presidente del Gobierno, admite que la perspectiva de crear empleo «no va a cambiar de la noche a la mañana».
