El abogado del Estado Isaac Salama se levantó en Estrasburgo y pronunció ante el tribunal la frase más reproducida: «No es igual un asesinato que 132».
Los 15 miembros de la Sala Grande del Tribunal de Derechos Humanos le miraron sin mover un músculo: ni una pista sobre cuál va a ser su veredicto. La intervención del equipo de abogados que hablaba en nombre del Gobierno, en nombre de España, fue muy brillante, pero tenían un flanco débil: el único miembro español del Tribunal, Luis López Guerra, magistrado, catedrático, parlamentario madrileño del PSOE, exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y leonés como él, no estaba a favor de la doctrina Parot, a pesar de que se había aplicado contra terroristas de ETA cuando era el número dos del Ministerio de Justicia.
Hace unas semanas, Mari Mar Blanco, nueva presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, expresaba su preocupación a esta periodista por la vista que se celebraría en Estrasburgo el 22 de marzo, donde se analizaría la doctrina Parot tras la apelación presentada por los abogados de la terrorista Inés del Río, condenada a 3.000 años de prisión por haber cometido 24 asesinatos y haber intentado 108 más. La doctrina Parot, que se aplicó en su momento al etarra Henri Parot, determina que los beneficios penitenciarios no se aplican a los 30 años que la ley española considera el tiempo máximo de permanencia en prisión, sino a la totalidad de los años de condena. Es decir, en el caso de Inés del Río los beneficios se descontarían de los 3.000 a los que fue condenada, no de 30. En su misma situación se encuentran medio centenar de etarras, así como un número importante de delincuentes de peligrosidad extrema y cuya salida de la cárcel significa un riesgo evidente para la sociedad.
Mari Mar, en aquella conversación, pedía ayuda. Los malos, los que forman parte del entorno de ETA y defienden la negociación con la banda para solucionar definitivamente «el conflicto vasco – Batasuna, Sortu, Bildu- se han movido muy eficazmente en las instituciones europeas para dar su versión de los hechos y asegurar que la doctrina Parot va contra los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra y que su aplicación radicaliza posiciones e impide «el proceso de paz».
Contaban con destacados columnistas que defendían esas tesis, con ese mismo lenguaje –explicaba la hermana de Miguel Ángel Blanco- y hacían llegar los recortes a mesas influyentes en Estrasburgo y Bruselas, donde, además, habían creado un auténtico lobby para llevar a su terreno a influyentes eurodiputados. Disponían de importante financiación para la operación Tribunal de Derechos Humanos, viajaban frecuentemente a las capitales europeas y era difícil contrarrestar sus actividades, porque las víctimas no contaban con tantos fondos. Sin embargo, estaban decididas a acudir a Estrasburgo el día 22 para explicar su versión de los hechos allá donde pudieran. Y, efectivamente, allí estuvieron. Y, además, la defensa de la doctrina Parot la llevaba la Abogacía General del Estado muy concienzudamente preparada, no sorprendió que se expresaran con tanta contundencia y profusión de datos ante los magistrados de la Sala Grande del Tribunal.
Sortu había contratado -y pagado- a un abogado británico de prestigio, especializado en cuestiones terroristas, Mark Muller, que hizo suyas las tesis que defiende el brazo político de ETA: el proceso de paz no debe ser perturbado por la doctrina Parot. El pasado miércoles, en la Sesión de Control al Gobierno, la portavoz de Amaiur recibió una respuesta contundente de Mariano Rajoy: no se negocia con una banda terrorista que no ha entregado las armas ni con una formación política que no condena el terrorismo.
Probablemente el presidente estaba al tanto de que días antes la Gendarmería que se ocupa de las cuestiones de ETA en el sur de Francia había enviado un informe a España advirtiendo de que miembros de Segi cruzaban la frontera para sumarse a las filas de ETA y que, además, no habían detectado ningún movimiento que hiciera pensar que la banda estaba dispuesta a entregar las armas. Informe que coincidía punto por punto con los que envían puntualmente los miembros de los Cuerpos de Seguridad española
-fundamentalmente Guardia Civil- que trabajan incansablemente en el país vasco francés controlando a la gente de ETA, casi toda ella localizada como se advierte por las frecuentes detenciones, que no han dejado de realizarse.
Listo para sentencia
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dejado el caso listo para sentencia, y se espera que antes de fin de año tome una decisión sobre la aplicación de la doctrina Parot. El ministro del Interior, Jorge Fernández, se ha apresurado a decir que, incluso en el caso de que la sentencia fuera contraria, hay «ingeniería jurídica» que permitiría que los delincuentes -no solo los terroristas- continuaran en prisión.
Un fiscal de la Audiencia Nacional amplia ese comentario: la doctrina Parot no es una ley, sino que como su propio nombre indica es una doctrina sobre la aplicación de una ley, un criterio. Y, por tanto, se pueden encontrar medios para que los etarras más peligrosos puedan continuar en prisión sin vulnerar la norma. Igual que se encontró la fórmula para que Henri Parot no saliera a la calle cuando logró reducción de años de condena a través de beneficios penitenciarios.
