El Gobierno aprobó ayer la creación de una autoridad fiscal independiente, un órgano cuya principal tarea será la de analizar, asesorar e informar sobre las previsiones macroeconómicas que deberán servir para que el Ejecutivo y el resto de administraciones del Estado elaboren sus borradores sobre presupuestos. Así, la vicepresidenta y portavoz del Gabinete, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que esta figura gozará de «plena autonomía e independencia» y que tendrá como objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución. «No estará sujeta a las instrucciones del Gobierno», señaló la número dos del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde argumentó que este instrumento será similar a otros que existen en países como Estados Unidos. Según la portavoz popular, será un ente público, diferente de la Administración, que asumirá funciones de análisis, instrucción y seguimiento de la política fiscal y de la variación de las previsiones macroeconómicas para garantizar el cumplimiento «efectivo» de las diferentes delegaciones.
La autoridad, que se creará a través de una ley orgánica, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Además, contará con un régimen patrimonial y de contratación lógico del sector público y, conforme al principio de máxima transparencia, divulgará todos los informes que redacte.
Según Sáenz de Santamaría, el Gobierno pretende así dar cumplimiento a las exigencias europeas, al crear una figura que quiere colocar «a la vanguardia» de las instituciones fiscales. Así, su principal tarea, «desde la independencia y la neutralidad», será informar de la evolución de las previsiones económicas y del cumplimiento de los principios de estabilidad incluidos en la Constitución.
El Consejo de Ministros estudió el informe con las principales líneas de esta autoridad laboral, que servirá para elaborar un anteproyecto de ley que pasará por la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios para ser después remitido al Consejo para su aprobación «lo antes posible».
Al ser preguntada por si la nueva autoridad asumirá la función de sancionar a las administraciones que no cumplan, Sáenz de Santamaría se limitó a decir que sus operaciones estarán en «la línea» de las de otros organismos de la UE, enfocados más al área de análisis macroeconómico, seguimiento y control. «La Ley de Estabilidad es muy clara respecto a las tareas de sanción», recordó la vicepresidenta, tras asegurar que los incumplimientos llevan a la presentación de planes de ajuste que después son seguidos por el Ministerio de Hacienda. Sobre cómo se nombrará al presidente de la nueva autoridad, la portavoz señaló que la agencia será un órgano independiente, por lo que el nombramiento, que aún no se ha definido, se asimilará a los nombramientos de otros de la misma naturaleza.
Sáenz de Santamaría también insistió en que el Gobierno no volverá a tocar el IVA, a pesar de que la Comisión Europea ha recomendado a España realizar nuevos cambios en la tributación del impuesto. La portavoz del Ejecutivo apuntó que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ya dijo esta misma semana que no tiene previsto hacer más cambios en el IVA a pesar de estas sugerencias. «Me reafirmo», sostuvo. La vicepresidenta aseguró que España escucha «atentamente» estos informes, pero que el país ya realizó una gran variación en el tributo el pasado septiembre, que incluía subidas de tipos y cambios en la forma en la que tributan los productos.
