Una de las acusaciones particulares en el juicio por la tragedia del ‘Madrid Arena’, en la que fallecieron cinco jóvenes por un cúmulo de negligencias, cargó contra el Ayuntamiento de Madrid al considerar que cuatro años y medio después de la fiesta mortal el Consistorio madrileño “sigue mirando hacia otro lado”.
La sesión de ayer estuvo dedicada a la exposición de los informes de las acusaciones. El primer abogado en hacerlo fue el representante de la familia de Belén Langdon, Ábdon Núñez, quien reclama cuatro años de cárcel para Flores por un delito de homicidio por imprudencia grave. Cada una de las representaciones de las víctimas solicita la misma pena, con lo que el empresario sumaría 20 años de prisión.
El letrado dio por acreditado que Miguel Ángel Flores pusiese a la venta más de 37.000 entradas frente al aforo de 10.000 y que lo hiciera un mes antes de que se firmase el contrato. Asimismo, cargó contra los responsables de la seguridad en el evento y denunció que todos miraron hacia otro lado, sin ordenar que se abrieran las puertas de los vomitorios que estaban cerradas, incurriendo en “una dejación de funciones”.
También destacó que en la fiesta se recaudaron casi 600.000 euros, lo que demuestra —a su juicio— el ánimo de lucro de Flores. En esta recaudación, se refleja el sobreaforo, que se sobrepasó un 200 por ciento de lo establecido.
Tras ello, pasó a exponer los hechos sobre los que acusa a la empresa Kontrol 34, cuyos empleados fueron contratos por Diviertt para hacer funciones de auxiliares como por ejemplo agilizar las colas del exterior. El dueño de esta empresa, Carlos Manzanares, y su socio Emilio Belliard se sientan en el banquillo de los acusados.
Respecto a Kontrol 34, Núñez destacó que no hay duda de que los controladores estaban conectados por pinganillos, un hecho que negaron varios de los empleados. También cargó contra Roberto Mateos, el empleado de Seguriber que se encargaba de estar en la sala de control de cámaras de videovigilancia. Este empleado se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por cinco homicidios imprudentes.
En otro punto de su informe, se mostró disconforme con el alegato de la fiscal en cuanto a la actuación de la Policía, a la que calificó de “desastrosa”. Así, aseguró que hubo “una absoluta dejación de funciones” en lo relativo a la preparación del dispositivo del evento. “Si el señor Flores hubiera sabido que había, no hubiera dejado pasar a menores. Fue una absoluta falta de diligencia de la Policía el no prepararlo”, añadió.
