Aunque quieran eliminar la filosofía como asignatura en el bachillerato, borrar la historia de España anterior a 1812 y cercenar nuestro derecho a expresar los pensamientos, jamás podremos ser despojados del libre ejercicio de filosofar. Por más que intenten cambiar la asignatura de cálculo, la suma y la resta siempre seguirán existiendo. Así que hoy propongo al lector sentarse un momento para “hacer una cuentas” y filosofar sobre su resultado.
El artículo 71.4 de la Constitución delega en las respectivas cámaras la regulación de los emolumentos de sus miembros. Es como si a quien escribe este artículo le permitieran determinar su propio sueldo, sin sometimiento a ningún tipo de cortapisa ni control (bueno, la verdad es que algunos tampoco necesitamos tanto para ser felices). Así es, el Reglamento del Congreso determina las asignaciones económicas de sus diputados. Tomemos el ejemplo de una de sus Señorías con cargo de Presidente de una comisión parlamentaria (existen más de 50 comisiones; hay diputados que participan en más de una y cada comisión cuenta con Presidente, vicepresidentes, secretarios, portavoces, portavoces adjuntos, etc.). Sumemos pues: 3.050,62 euros al mes de asignación; 3.337,60 euros como miembro de Mesa; 3.624,38 euros en concepto de gastos de representación; 2.971,67 euros de gastos de libre disposición; 1.959,62 €., si viviere fuera de Madrid (aunque la mayoría dispongan allí de una casa); todos los gatos de transporte, ya sea en avión, tren, barco o automóvil, peajes, etc., tarjeta de servicio de taxi en Madrid por importe de 3.000 euros anuales; prima por gastos en viajes oficiales (150 o 120 euros diarios); además de despacho propio. A ello habría que añadir su parte correspondiente al reparto de pertenencia a grupo parlamentario (sobre 29.606,56 euros mensuales a repartir entre los diputados del grupo socialista, por poner un ejemplo), y 1.703,57 euros a cada uno de los diputados.
Así que, un diputado Presidente de mesa de una sola comisión que esté empadronado fuera de Madrid percibirá 18.897,46 euros mensuales, más su despachito (o despachazo), los gastos de desplazamiento y las dietas si tuviere alguna misión parlamentaria.
Realmente, la carrera de político se ha convertido en un auténtico chollo. Téngase en cuenta además que, para ejercerla, no se requiere una formación académica específica, ni tesis doctorales, ni acreditación de masters, aunque, llegado el caso, si fuera menester, estos títulos siempre pueden ser objeto de amaño. Se precisa, eso sí, la habilidad suficiente para “trepar” en el organigrama del partido y colocarse en situación de bienaventuranza para la organización. Siempre suma el haber demostrado suficiente sumisión y obediencia, así como tener acreditada una notable permeabilidad moral que se ajuste a los dictados e intereses del grupo en cada momento.
Ahora, multipliquemos (tengo entendido que aún está permitido “dar” la tabla de multiplicar en primaria) por diecisiete comunidades autónomas y, al resultado, añadamos veintitrés Ministerios, cada uno de ellos, con sus Subsecretarías, Secretarías Generales, Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas y Subdirecciones Generales, creadas por el mismo Consejo de Ministros a propuesta del ministro correspondiente. Este entramado gubernamental también constituye un campo abonado a la más burda discrecionalidad, proclive al amiguismo o a la moneda de cambio para el pago de prebendas y favores.
Pero, no nos quedemos ahí. Sigamos sumando a alcaldes y concejales de 52 provincias y de infinitos pueblos.
Y claro, necesitamos coches oficiales para toda esta gente. Audis, Mercedes; el último modelo; normalmente, negros, eso sí, para que no llamen tanto la atención. Sesentaidós millones de euros se acaban de aprobar para renovar la flota, ¡con la que está cayendo! Añadamos Falcons, Pumas, Marismillas, palacios y palacetes, Zarzuelas (de ladrillos y de mariscos), hoteles de lujo, comilonas, tablets, teléfonos móviles, una tropa de escoltas, jubilaciones vitalicias y…, suma y sigue.
Lo grave del caso es que todo lo anterior no es más que el coste de la organización del sistema. Ahora viene la gestión que este tropel de “sabios y honrados” dirigentes lleva a cabo con el dinero ajeno. Veintiún mil millones por aquí, para igualar géneros no se sabe cómo; trescientos dos millones por allá, para estudiar el impacto del ruido en las carreteras… Y así seguiríamos hasta el infinito sumando incontables despilfarros. La verdad es que leer el BOE al día siguiente de un Consejo de Ministros resulta una auténtica pesadilla, porque ahora (desde hace tiempo ya) legisla en Gobierno, ¿saben? El Congreso ha quedado para los insultos y los reproches.
A todo esto, margaritas que presuntamente blanquean capitales y defraudan a la Agencia Tributaria millones de euros, mientras se dictan normas para freír a impuestos al ciudadano; tribunales que se pronuncian sobre la prescripción de un delito, cuando simplemente tenían que resolver un conflicto de competencias; delgados dolores para quebrar el principio de separación de poderes y anular la acusación necesaria para juzgar determinados delitos; trampas y triquiñuelas, por no llamarlas maquinaciones jurídicas aberrantes (como utilizar una supuesta modificación de la ley concursal) para mantener en la picota el salvoconducto de la impunidad.
La filosofía sabe que el ser humano está sometido a la dispersión. Es una consecuencia inherente al funcionamiento de nuestra mente. De ahí la importancia de su estudio. Para que nadie pueda distraernos del verdadero problema. Y como una vez aprendido a sumar lo que se enseña es a restar. Queda bien claro lo que sobra. La clase política y las prebendas autogeneradas por y para ellos mismos es la base del fallo de sistema, el virus causante de la enfermedad, la causa que hay que erradicar para evitar el efecto de nuestra destrucción.
