Esta semana el Gobierno ha sacado adelante, junto con sus socios preferentes de Bildu, la ley de memoria democrática y el asalto al Constitucional. Todo ello diluido en el fragor del debate sobre el Estado de Nación.
La primera de ellas es una ley infame y miserable, ya que viene de la mano de los herederos de ETA cuyos asesinatos quedan excluidos y torpedea la concordia de la Transición, a la cual en la tribuna del Congreso la portavoz de Bildu ha manifestado que no existió tal transición porque la Constitución del 78 no abrió un periodo de paz y democracia. Y lo dice la portavoz del brazo político de ETA que hasta 1983, fecha establecida para investigar los supuestos crímenes del franquismo, había asesinado a 436 personas, y desde la Constitución hasta el año 83 un total de 361 víctimas, poniendo en duda la primera etapa de Felipe González. Hoy los socialistas prefieren antes a Largo Caballero e Indalecio Prieto que a González. Quién les ha visto y quién les ve.
Pero este repugnante acuerdo con lo herederos de ETA, no oculta la infamia de esta ley, que no es otra que la invisibilización sectaria de las víctimas de media España conservadora, borrándolas del recuerdo. Y borrarlas es como volver a matarlas.
Un ejemplo del sectarismo de esta ley es el asesinato de Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, quedaría fuera de la norma, ya que la aplicación de la ley arranca el 18 de julio. Con esta acotación temporal, la Ley ignora a los casi 3.000 muertos de 1931-36, víctimas de una violencia política protagonizada principalmente por la izquierda, y en la que destacan los 1.400 caídos en la mal llamada revolución de Asturias de Octubre 1934, en realidad, un intento fallido de golpe de Estado socialista contra la victoria de las derechas en las elecciones de 1933. Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, reconocieron su implicación en ese golpe, lo cual no ha impedido que existan estatuas de ambos en los Nuevos Ministerios. Otro dirigente socialista, el gran Julián Besteiro, les dijo entonces: “Vais a llegar al poder, si llegáis, empapados y tintos en sangre”.
Otra muerte que tampoco se tendrá en cuenta es la de Florentino Asensio, obispo de Barbastro el 22 de julio de 1936, por los que según esta ley eran defensores de la democracia, le cortaron los testículos, dejándole agonizar toda una noche. Murió perdonando a sus asesinos. Quizá ese perdón de este obispo desangrado a manos de sus asesinos es lo que la izquierda nunca podrá hacer porque vive llena de rencor, venganza y odio.
Y no se tendrá en cuenta por el enfoque maniqueo de la norma, en cuya exposición de motivos se nos explica que el bando republicano representaba la libertad y el progreso. ¿Cómo podría el bando de los buenos asesinar a nadie? La ley no alude ni una sola vez a las víctimas católicas o de derechas. El sobreentendido que recorre todo el articulado es que las víctimas sólo pueden ser de izquierdas y los victimarios, franquistas.
La segunda es un golpe de estado al Constitucional, permitiendo la renovación del Tribunal Constitucional devolviendo al Consejo General del Poder Judicial, aunque esté en funciones, su capacidad de designar a sus dos candidatos, y así tener la mayoría y conseguir entre otras cosas, que no se tumbe el indulto a los golpistas.
Pero en Vox, cuando lleguemos al Gobierno, la derogaremos, algo que el PP podría haber hecho con su antecesora cuando tuvo mayoría absoluta para ello. Ahora dicen que lo harán, pero lo tienen muy fácil: que empiecen derogando las leyes equivalentes en Andalucía y Galicia.
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(*) Diputado de Vox por Segovia.
