La lista de agravios a la memoria histórica en el callejero segoviano sigue viva 45 años después de la muerte del dictador. En torno a una veintena de municipios han retirado en el último lustro de su mapa al propio Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, al general Mola o a los llamados héroes del Alcázar, por la resistencia del bando golpista en Toledo. La presión política y jurídica aún no ha logrado cambios en una decena de calles de seis municipios: Segovia, Fuenterrebollo, Cantalejo, Honrubia de la Cuesta, Sanchonuño y Sacramenia.
Hay pueblos especialmente rezagados a la hora de retirar a la dictadura de su callejero. Cantalejo ha retirado varias en los últimos años, pero aún conserva tres emblemáticas: calle General Aranda, plaza Calvo Sotelo y calle Capitán Cortés. Fuenterrebollo ha cambiado casi una decena en los últimos tiempos, incluida una calle en honor de Queipo de Llano, una de las figuras más denostadas del franquismo, u Onésimo Redondo, pero aún mantiene a Calvo Sotelo. La capital, que ya cambió 16 calles hace cinco años, tiene aún cuentas pendientes: Ángel del Alcázar y dos que honran a alcaldes del régimen como Pascual Marín y Andrés Reguera Antón.
Otros municipios más pequeños también conservan las suyas. Sacramenia mantiene la calle General Mola y no tiene intención de cambiarla, al menos en el corto plazo; Sanchonuño defiende el derecho de Calvo Sotelo a ocupar su lugar en el callejero porque murió antes de la Guerra Civil; Honrubia de la Cuesta sostiene que la calle en honor de Primo de Rivera honra al padre, dictador en los años 20, y no al hijo, fundador de Falange Española y fusilado en Alicante al inicio de la guerra.
Requerimientos del senado
Carles Mulet es senador de Compromís y portavoz del grupo de la Izquierda Confederada en el Senado. Impulsor de cientos de cambios en el callejero nacional, su proyecto parte de una petición de información al Instituto Nacional de Estadística sobre las denominaciones más clásicas. “El problema es que muchas provincias tienen sus pequeños héroes, pero eso nos da una visión general, aunque no sean todas”. Otro problema es el desfase entre el cambio oficial y la retirada de placas: el INE tiene comunicaciones de cambios en el callejero y las placas siguen ahí. Lo mismo ocurre al revés: hay calles modificadas que no se han comunicado al INE. Con el catastro ocurre algo parecido. Segovia tiene un caso como Migueláñez, que retiró el nombre de la plaza Franco pero el catastro no ha incorporado la nueva denominación.
Aunque queden restos por cambiar, muchos ayuntamientos han reaccionado positivamente. El reglamento del Senado les permite requerir documentación a cualquier administración pública. “Hay ayuntamientos que no contestan, otros que lo hacen de malas maneras, que son los menos, y otros hacen un pleno a posterior del requerimiento y te envían el acta. Así hemos conseguido cambiar bastantes”, subraya Mulet. La ley obliga a los consistorios a cambiar los nombres pero no fija plazos ni establece sanciones. “Nunca les ha pedido nadie que cumpla la ley. Pero como no comporta ningún tipo de repercusión, el que no quiere no lo cambia”. Entre las respuestas hay desde mensajes cortantes hasta razones de presupuesto: no hay dinero ni para cambiar las placas.
Mulet dibuja una tendencia: “Suele coincidir que en los municipios más pequeños es donde más presentes están estos símbolos. No solo las calles, sino las cruces de las iglesias”. Este verano, con más turismo nacional que otros años, han llegado fotos de veraneantes que van a su pueblo y se encuentran esos vestigios. Muchos alcaldes contestan que es competencia de la Iglesia. Su grupo envió una carta a todos los obispos y al Papa, sin éxito. “Es otra laguna de la ley. El anteproyecto de la nueva norma, pendiente de tramitarse en el Congreso, pretende remediar estas zonas grises.
“¿Sabe lo que supone cambiar 90 escrituras?”: Los Ayuntamientos explican sus motivos para no alterar el callejero y responden de formas muy diversas a los requerimientos del Senado
El derecho como arma
La otra forma de presión es la vía judicial. El abogado Eduardo Ranz ha llevado a cabo procesos ante los ayuntamientos de Segovia, Barbolla, Coca, Sepúlveda, Carbonero el Mayor, Fuenterrebollo, Gomezserracín, Otero de Herreros, Turégano, Zarzuela del Pinar y Venganzones. En todos ellos ha habido cambio de calles, aunque él solo tenga constancia física de la retirada en Sepúlveda.
El proceso nace con un escrito al Ayuntamiento, solicitando el cumplimiento del art. 15 de la ley. “Generalmente ni siquiera dan respuesta, a los tres meses se presenta el procedimiento judicial, y una vez admitido a trámite es cuando los consistorios empiezan a preocuparse por cumplir la ley”, subraya Ranz, autor del libro. ‘No matarás. Memoria Civil’, presentado la semana pasada junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El abogado envió un escrito a las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León pidiendo un inventario de las calles franquistas que aún sobreviven en el callejero como base para exigir su cambio. “O la Delegación del Gobierno toma en serio la retirada de simbología franquista o los alcaldes y alcaldesas más conservadores seguirán riéndose de una ley democrática”.
Muchos pueblos han cumplido en los últimos años. Navalilla retiró varios nombres; el último, Calvo Sotelo. Cobos de Fuentidueña eliminó la plaza Generalísimo; Lastras de Cuéllar apartó al general Mola, al igual que Riaza; y por su parte, Torreiglesias retiró a Primo de Rivera. Algunos procesos son más calmados que otros. Ranz litigó con al Ayuntamiento de Venganzones; una vez iniciado el procedimiento para retirar la inscripción “Viva Cristo Rey” y el símbolo de Falange Española de la plaza de la Iglesia, ambas partes llegaron a un entendimiento previo al juicio y el pueblo los retiró hace unos meses. Es la prueba de que la presión judicial funciona sin necesidad de llegar a sanciones. El callejero de pueblos más pequeños, como Pajarejos, con una calle Generalísimo en su historial, es incierto ante la falta de un registro.
Uno de los últimos municipios en actualizar su callejero fue Santa María la Real de Nieva, que cambió el 28 de julio la nomenclatura de la plaza Franco y su travesía en el núcleo urbano de Laguna Rodrigo a Plaza Mayor y travesía de la Plaza Mayor, respectivamente. La alcaldesa, Pilar Ares de Blas, respondió al requerimiento de Mulet con un acuerdo del pleno, con seis votos a favor y una abstención. Este caso ilustra los fallos que aún plantea el registro. Mulet pidió también un cambio en el término de Jemenuño, pero ese cambio ya estaba realizado: ni el INE ni la Gerencia del Catastro lo tenían notificado. Olombrada tenía un problema parecido; el callejero del INE reflejaba como calle Franco lo que en el Catastro y en la realidad era ya la calle Mayor. El debate sobre la memoria histórica también afecta a la letra pequeña del presente.
