La alianza UPA-COAG advirtió ayer de que la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conocida días atrás, que impone una multa de 88,2 millones de euros a empresas lácteas por prácticas ilegales y pactar precios, ratifica la denuncia continuada de los ganaderos desde hace años sobre los “apaños” que venían ejecutando las compañías multadas con el único objetivo de enriquecerse a costa del sector productor.
En su opinión, los 125 folios de la sentencia no dejan lugar a las dudas sobre el “reparto del mercado lácteo” que se hacían las industrias lácteas, atentando contra las reglas de la competencia a costa siempre de los productores, “a los que arruinaban económicamente, lo que ha supuesto la desaparición de 2.670 explotaciones ganaderas en Castilla y León en los diez últimos años”.
Concretamente, UPA-COAG sostiene que las empresas multadas obligaron a cerrar el 63 % de las explotaciones en Castilla y León en el periodo comprendido del año 2004 al 2014, época a la que hace referencia la sentencia y sobre la que se han cometido las prácticas ilícitas, tras recordar que de 4.271 de hace diez años se ha pasado a las 1.601 actuales.
Añaden que las ganancias ilícitas por parte de los encausados sólo en Castilla y León suponen 320 millones de euros, que correspondían a los ganaderos y que, sin embargo, se apropiaron la mayor parte de las empresas lácteas asentadas en España, por lo que ahora piden que se reembolsen directamente a los productores.
Ambas organizaciones precisaron que este ataque se produce contra un sector estratégico como es el lácteo, con 18.000 explotaciones a nivel nacional y con 1.000 millones de euros en negocio que genera 22.000 empleos.
“Además, conviene recordar que el 1 de abril se produce el fin de las cuotas lácteas con la enorme incertidumbre y preocupación que genera en el sector ganadero”, añadieron.
En este sentido, la alianza confió en que la multa se convierta en ejemplarizante para que prácticas de este tipo no se vuelvan a repetir, y sobre todo espera que llegue a materializarse y no se reduzca tras las reclamaciones judiciales que ya han anunciado algunas empresas, puesto que la sanción sólo representa un 10% de lo que la propia CNMC estima que habrían ganado ilícitamente con sus prácticas y que ascendería a 815 millones de euros.
Por último, recordó que es totalmente rechazable por parte de las administraciones públicas ponerse de lado de las “pobres empresas” y no de los miles de ganaderos afectados, “que como ha quedado demostrado muchos de ellos ya no están en el sector por los ruinosos precios que las industrias denunciadas pactaban por la leche”.
